La Cámara de Diputados frenó un aumento en el monto destinado a los gastos administrativos del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) y los legisladores del oficialismo reclaman ahora conocer un informe sobre la distribución territorial de las becas y especialmente las pasantías que realizan estudiantes en ese organismo.

El 15 de febrero llegó a Diputados un nuevo proyecto de modificación de la Ley Nº 8.336 (de creación del Inaubepro). “Además de otorgar las becas ordinarias a aquellos alumnos con buen rendimiento escolar pero que no tienen los recursos necesarios, el Instituto otorga otro tipo de beneficios y servicios (…), lo que hace necesario condensarlas en un mismo cuerpo normativo que regule todo el avance que ha tenido el Inaubepro desde su creación, obviamente contemplando las modificaciones que cada una de estas leyes fueron proponiendo”, explicó la diputada oficialista Laura Stratta, quien preside el organismo que administra Mayda Cresto desde el cargo de directora ejecutiva.

Ese proyecto, que “amplía la mirada del objeto del Inaubepro” no tuvo un paso sencillo por la Comisión, donde legisladores del oficialismo reprocharon la intención manifestada en el artículo 5 de elevar del 10% al 15% del total de los fondos del organismo de lo que se destina a gastos administrativos.

Esta situación fue reconocida incluso, durante el debate, por la diputada del Frente Entrerriano Federal Rosario Romero, quien señaló que el tema “fue planteado por un diputado del bloque de la mayoría en el seno de la comisión para conservar ese 10% para gastos administrativos”, en referencia al justicialista Ángel Vázquez.

En la comisión Vázquez sostuvo que la intención de aumentar el monto de los gastos administrativos era contradictorio con la política de austeridad sostenida por el Poder Ejecutivo provincial, más en momentos en que se lleva adelante la discusión salarial con los docentes.

Sucede que el legislador reparó en que durante 2011 el Inaubepro dispuso de unos 23 millones de pesos originados en la recaudación del Impuesto al Ejercicio de las Profesiones Liberales , a lo que se sumó un aporte de 30 millones provenientes de Rentas Generales. Así, para financiar los gastos administrativos del instituto se destinaron unos 5,3 millones de pesos.

En tanto, en 2012, se estima que la recaudación por el impuesto a los profesionales -cuyo mínimo se elevó hace días de 25 a 70 pesos- representaría una recaudación del orden de los 64,4 millones de pesos, más allá de que se cree que se reducirá el porcentaje de evasión, con lo que se llegaría a los 70 millones.

Tomando igualmente los 64,4 millones, el 10% de ese monto es 6,4 millones, y el 15% es 9,66 millones.

De haber prosperado la iniciativa, tal como se impulsaba desde la conducción administrativa del Inaubepro, el monto de los gastos administrativos hubiera estado cerca de duplicarse

Eso, claro, si no se realizan aportes desde Rentas Generales, ya que en caso de repetirse lo de 2011, el monto de acercaría a los 100 millones de pesos; y el 15% de gastos administrativos, a los 15 millones.

Pese a los chisporrotazos en comisión, el manejo de José Allende desde la presidencia de la Cámara le permitió al oficialismo llegar a buen puerto aprobando la ley, que volverá al Senado, donde se estima que los legisladores oficialistas mantendrán el criterio de austeridad impulsado por Diputados.

La sanción de la ley incluyó otras reformas. Por ejemplo, el proyecto aprobado otorga facultades al directorio del Inaubepro para crear otro tipo de becas, determinar montos y qué carreras priorizar.

Asimismo, el artículo 16 faculta al Consejo Consultivo Superior a solicitar información a las instituciones, colegios y consejos que nucleen a los sujetos alcanzados por el Impuesto a las Profesiones Liberales, permitiendo de esta forma que el Instituto Becario actúe en colaboración con el organismo recaudador para la fiscalización del impuesto.

Informes

Respecto del pedido de información que se le realizó a Cresto desde la Cámara, abarca diferentes aspectos del destino de los montos de “gastos administrativos” y también, por ejemplo, la distribución de las becas y de las pasantías que algunos estudiantes del nivel terciario realizan en el Instituto. Se trata de funciones por las que reciben una contraprestación económica cercana a los 2.000 pesos e interesa a los legisladores saber de qué zona son los estudiantes favorecidos.

A buen entendedor, pocas palabras. Para los otros, los diputados quieren saber si hay un uso de “caja política” de ese recurso en la zona de Concordia.