cerca de 30 hectáreas usurpadas a principios de 2008 y que ahora la Justicia llevó adelante una intimación de desalojo habilitando fecha, que se debería cumplir la semana próxima.

A partir de esta situación y entendiendo que se afectaría a mil familias que ocupan ilegalmente esos predios, los bloques políticos decidieron adelantar el debate de los proyectos y también coincidieron en expropiar 27 hectáreas, mientras que las restantes faltan informes para completar todos los requisitos de que dispone la ley de expropiación.

El caso

Los manifestantes se instalaron frente al edificio buscando la urgente respuesta que evite el desalojo por parte de la fuerza pública establecida en la intimación rubricada por el juez de Garantías 1 Carlos Emiliano Alvarenga. Para ello cortaron la calle y desde temprano pidieron reunirse con los legisladores; allí los jefes de bloques se comprometieron a sancionar las leyes de expropiación de dos de las tres parcelas en cuestión.

El justicialista Ricardo Sánchez señaló que “nos sorprendió una cédula en la causa Zampa, donde directamente tomamos conocimiento de una intimación para que en el término de cinco días hábiles se desalojen estos inmuebles con la posibilidad del uso de la fuerza pública”.

Por su parte Clelia Avila aclaró que “tenemos solamente los informes correspondientes de dos parcelas. Además hay que señalar que hay un informe municipal que señala la dificultad de la urbanización en ese sector de la ciudad, porque allí están instaladas las lagunas de oxidación. Vamos a dar lugar y vamos a tener que considerar en el futuro otras expropiaciones que tiene una situación análoga”.

No obstante esto expresó su acompañamiento a la expropiación y reconoció que “tenemos un compromiso del presidente del directorio de Sameep de que llevarán adelante las obras para eliminar las lagunas de oxidación de esa zona”.

Pases a planta en salud

Una vez discutida y sancionada la expropiación, los diputados tuvieron que tratar el reclamo de los autoconvocados de salud pública, cuya ley de pases a planta sufrió el veto parcial del Ejecutivo respecto a la conformación de la comisión de seguimiento.

El oficialismo que en las horas previas estaba dispuesto a aceptar el veto del gobierno, finalmente decidió apoyar en parte las objeciones y respaldó al igual que el resto de los diputados mantener el artículo 7 referente a la comisión de seguimiento.

El veto en ningún momento alteraba la decisión unánime de incorporar 2325 trabajadores a la planta permanente y 675 contratos de servicio.

Si bien la polémica había surgido respecto a quiénes integrarán esa comisión que llevará adelante el control de los que se incorporen a la planta permanente del sistema sanitario chaqueño, los debates previos a la sesión fueron definitorios para que se insista con este artículo que sostuvieron llevará transparencia.

Los legisladores de todos los bloques aceptaron el veto parcial salvo el artículo siete. Si no hubieran optado por esta posición de consenso, ningún sector tenía los votos suficientes y corría riesgo de que la ley caiga, por lo que la salida optada fue la mejor salida, según dijeron los propios legisladores.