La Legislatura aprobó ayer un pedido de informe al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), con el propósito de conocer detalles más precisos en torno a la aparición de estampillas duplicadas. El diputado Walter Molina, el autor de la iniciativa, consideró “tibio” al accionar del instituto yerbatero frente a una irregularidad a la que calificó como “muy grave”. Cuestionó particularmente al presidente de ese organismo, Luis Prietto.

El pedido solicitado por el bloque de diputados de la UCR apunta a conocer si desde el Instituto se han efectuado denuncias sobre este tema y en caso afirmativo, saber a quienes y cuando.

Se aspira asimismo tener detalles de la empresa responsable de la confección de las estampillas, el mecanismo utilizado por parte del INYM para su selección y las estimaciones sobre las pérdidas económicas que el hecho implica.

Además buscan conocer si la Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia ha solicitado información al Instituto y la respuesta brindada por el mismo.

Manto de sospecha

El autor de la iniciativa, el diputado radical Walter Molina, dijo que las denuncias en los medios periodísticos de la existencia de estampillas con numeración repetida, vuelve a colocar un manto de sospecha sobre el INYM.

“Aparentemente, una empresa yerbatera habría denunciado esta irregularidad ante el INYM al descubrir, que existían bobinas distintas con igual numeración, al momento de solicitar las estampillas para adosarlas en los envases correspondientes. Ante estos hechos, el presidente del INYM, Luis Prietto, minimizo esta cuestión y responsabilizó a la empresa que imprime los sellos”, se quejó el legislador.

Y agregó que “la gravedad del presunto error radica en que estos sellos, emitidos por el INYM, deben estar adosados obligatoriamente en los envases de yerba, ya que son utilizados como contralor fiscal y, al existir estampillas de numeración repetida, estaría saliendo al mercado yerba elaborada o canchada adquirida en negro”.

Advirtió, asimismo, que una de las consecuencias de este grave hecho, “radica en que por un lado, el Estado recaudaría menos, y por otro, que existirían sectores que al no pagar impuestos, pueden vender más barato el paquete, generándose de esta manera condiciones de competencia desleal”.