De este presupuesto el 84 % corresponde al Poder Ejecutivo que a su vez distribuyó el 16 % al Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos que recibirá 1.968 millones; el 22 % a Salud Pública que contará con 1.455 millones, Educación tendrá un 38 % y será la cartera más beneficiada con más de 2.500 millones, debido a que la mayoría se destina al pago de sueldos, de lo restante, el 9 %, va a Finanzas y Obras Públicas, el 5% a Desarrollo Humano, otro 5% a Desarrollo Económico y el mismo porcentaje a otros organismos.

Al Poder Legislativo y Judicial, le corresponde el 9 % del total presupuestado, mientras que los organismos descentralizados van a recibir el 7 %.

Lo llamativo de este presupuesto es que a la hora de considerar el costo de vida, tomó un índice de inflación en base a privados de alrededor de un 19 %, desechando el oficial del Indec, mucho más bajo.

Objeciones

Uno de los que se opuso al proyecto enviado desde el Ejecutivo, fue Claudio Del Plá, quién indicó que "este ejercicio contiene 800 millones de pesos de subsidios a privados, por ejemplo a la medicina donde 3 de 4 pesos son financiados por el Estado, mientras que se deja desprotegido a los que menos tienen."

Otra legisladora que votó en contra fue Virginia Cornejo quien señaló la inconveniencia de dar media sanción a un presupuesto, cuando en breve se aprobará una nueva ley de Ministerios que puede modificarlo íntegramente y además al no haber una rendición de cuenta al año siguiente la intervención de la Legislatura se vuelve simbólica.

Carlos Morello expresó que debería haberse esperado a que se apruebe primeramente el Presupuesto nacional, porque se incluyen montos de partidas enviadas por la Nación en las estimaciones para el 2.012, pero todavía no se sabe exactamente si esas serán las sumas que llegarán de coparticipación a Salta.

Todas las comisiones de la Cámara de Diputados que analizaron previamente el proyecto del presupuesto enviado por el Ejecutivo, dieron su dictamen favorable y aconsejaron su aprobación.

En ningún caso hubo un dictamen de minoría pidiendo que se lo rechace, lo cual fue remarcado y utilizado como motivo por el presidente de la Cámara Baja, Manuel Godoy, al momento de poner el tope de 15 minutos para cada exposición de los legisladores.