La Cámara de Diputados aprobó anoche el dictamen emitido por la comisión que se conformó para investigar la denuncia que hiciera el diputado Carlos Morello sobre la venta de tierras de La Ciénaga. La comisión legislativa culminó su labor con severas advertencias, pero descartando sanciones en torno a la operación inmobiliaria. Sin embargo, formuló un duro reproche por la falta de publicidad de las operaciones realizadas, por las dudas que generan las asimetrías denunciadas entre los precios de las tierras a lo largo de sucesivas operaciones entre el Estado y los privados y, sobre todo, porque las 90 hectáreas de La Ciénaga no fueron utilizadas para el Plan Familia Propietaria. Al respecto, el diputado del Frente Salteño Javier David replicó que se canjeó legalmente ese predio por otro, más adecuado.

El dictamen mayoritario eludió cuidadosamente los ataques personales; incluso evitó los nombres de los funcionarios involucrados y el mismo Morello aplaudió la mesura del texto. El pronunciamiento, de expreso carácter político, consideró la existencia de “responsabilidad política y social” de funcionarios y destacó que si la Cámara hubiese tenido conocimiento de los hechos investigados en el momento que sucedieron, “este reproche hubiese concluido con la activación de los mecanismos de juicio político”.

Tres dictámenes

El tema fue debatido extensamente a partir de tres dictámenes. Dos de minoría, presentados en forma separada por los diputados Javier David y Claudio Del Plá. El dictamen que rubricaron los restantes miembros de la comisión -se formó con 11 diputados- fue aprobado a pesar de los votos en contra de un diputado del PO, uno de la UCR y tres del Frente Salteño. Al fundamentar la posición mayoritaria, el diputado Manuel Godoy destacó que en 43 días la comisión investigó desde la óptica de la oportunidad, la juridicidad, la eficiencia, la publicidad y el bien común. Remarcó que la investigación efectuada “no se superpone a la actuación judicial” en curso y subrayó que el trabajo legislativo “es coadyuvar con la Justicia”. Señaló que las investigaciones realizadas en los distintos expedientes, confrontando prueba instrumental que recibieron de organismos públicos, permitieron tener una visión de los hechos y emitir una conclusión. En esta línea, dijo que “el mayor reproche político que la Cámara debe hacer a la operación es haber cambiado y frustrado el objeto social para el cual se adquirió la tierra, se vulneró el bien común y el interés general, expuestos en el decreto que sirvió de base para aceptar como parte de pago las 90 hectáreas” y cuyo instrumento constituyó un acto de afectación al Programa Familia Propietaria, organismo creado para dar respuestas a la demanda de personas con necesidad de terrenos.

Este último aspecto fue rechazado por el diputado David, quien manifestó que las tierras fueron entregadas a la Provincia en pago por deudas y pasaron a formar parte del patrimonio de afectación del residual del ex Banco Provincial.