Anoche el cuerpo se aprestaba a dar sanción definitiva al proyecto por el que el empresario agroforestal debería comenzar a pagar un canon del 10 % de la producción anual sobre las tierras fiscales que le concedió el gobierno de Juan Carlos Romero.

Es que tal como salió del Senado, el gravamen sería aplicado sobre las concesiones ya hechas de tierras fiscales, lo que cambiaría de las condiciones las que Olmedo planta soja en Salta Forestal desde 2001. El actual contrato de concesión determina que no debe pagar canon por los primeros veinte años.

Fue el presidente de la Cámara, Manuel Santiago Godoy, el que presentó el proyecto. Primero pidió que los diputados no le hagan nuevas modificaciones al proyecto para evitar que vuelva al Senado en revisión y girarlo lo más rápido posible al Ejecutivo para su promulgación.

Por eso encontró “razonable” que el Senado haya dispuesto que todos los que explotan tierras fiscales –incluso en menos de 1000 héctareas- paguen el canon. “Si les va bien plantando soja, pagarán y si les va mal, el Estado se hace socio de ello”, argumentó.

Luego ensayó una larga argumentación para probar que el proyecto no afectaba la seguridad jurídica de quienes ya tienen contratos de concesión. Pero terminó señalando que quienes se sientan afectados podrán recurrir a los juzgados civiles.

Pero Guillermo Durand Cornejo, del boque romerista, cuestionó la celeridad del tratamiento y pidió su pase a comisión.

Fue Pedro Sández, del departamento de Ana, el que mencionó a Salta Forestal. Lo hizo mencionando su propio proyecto para la recisión del contrato con Alfredo Olmedo. “Este proyecto del 10% sólo es un aviso de que vamos por más”, resaltó.

Luego denunció “negociados” con Salta Forestal. “Pregúntenle a Cervera porqué se quedó con el hotel de Las Lajitas... Olmedo y Cervera, y todos los corruptos lo van a tener que pagar en la Justicia”, enfatizó.

La extensión del debate ponía anoche a prueba la decisión de los referentes oficialistas de sacar el proyecto ayer mismo. Una decena de legisladores ya se había retirado del recinto.

Municipalización

Los justicialistas ya habían salido a defender la municipalización de los servicios de ordenanzas. Después de varias semanas de que quedara sin tratamiento por falta de quórum, los diputados debatieron un proyecto de resolución del Partido Obrero que pretendía rechazarlo.

Claudio del Pla insistió en que la transferencia de ordenanzas era un atropello a los derechos adquiridos de más de mil ordenanzas , que a partir de la medida se quedaba sin expectativa de ingresar a la administración provincial e ingresaban a una nueva etapa de trabajo precarizado, por 590 pesos mensuales como máximo.

“El progresista Urtubey ha venido a relanzar la política de trabajo en negra en el ámbito estatal”, señaló para iniciar un debate plagado de ironías que se intercambiaron oficialistas y opositores.

Del Plá subrayó que la medida convertía en ciudadanos de segunda a los trabajadores transferidos y era una nueva vuelta de tuerca al “desentendimiento de los gobiernos nacional y provincial de sus obligaciones básicas como la salud y educación”.

El proyecto fue apoyado por Virginia Cornejo, que citó ejemplos de ordenanzas transferidos de San Lorenzo que sólo cobran 390 pesos, y resaló que la medida fue utilizada por la mayoría de los intendentes para poner a su propia tropa política.

Como ocurre cada vez que se discuten proyectos que cuestionan al Ejecutivo, los legisladores oficialistas se turnaron para salir en defensa de las medidas de Urtubey. Uno de los más vehementes fue el presidente de la comisión de Hacienda, Alfredo Petrón, que calificó la iniciativa como “vuvuzela”, porque “sólo persigue hacer mucho ruido”.

Y luego leyó decretos y resoluciones sobre el tema para dar entender que, en realidad, no se trataba de una municipalización del servicio doméstico.