El presidente de esa comisión, Hipólito Faustinelli (UCR Córdoba), está desde ayer a la tarde en Resistencia y mantuvo contactos con varios legisladores provinciales, entre ellos Sergio Vallejos, uno de los voceros del bloque de la Alianza en este tema, junto a su par Livio Gutiérrez, que llevó el caso chaqueño cuando tuvo tratamiento en esa comisión, la semana pasada.

Vallejos confirmó que los legisladores serán recibidos a las 9 por la intendenta de Resistencia Aída Ayala, pero no pudo confirmar la audiencia que estaba prevista con el gobernador Jorge Capitanich, en la Casa de Gobierno, en principio agendada para las 10. Aunque no se descarta que eso pudiera llevarse a cabo, hubo un marcado silencio de radio, en tanto se trabajaba respecto de la jornada que hoy iban a tener los legisladores.

Luego de recibir testimonios, los diputados van a visitar dos obras. Una de ellas es La Rubita, pero sobre la otra se guardó información. La atención está centrada en el Chaco porque el 30 por ciento del total de los emprendimientos del programa Misión Sueños Compartidos se habrían llevado a cabo en esta provincia, según afirman los legisladores nacionales de la UCR.

Denuncian

intimidación

El inicio de acciones legales por parte del gobierno provincial a los legisladores Vallejos y Gutiérrez por las pruebas “sin fundamentos”, “falsos” y “en malos términos” fue considerado por el segundo como “una estrategia mediática, una intimidación para silenciarlos”, pero remarcó que “no nos vamos a callar”.

“En el afán de defender lo indefendible y de intentar tapar el sol con las manos, Capitanich confunde denuncias sin fundamentos y malos términos con la presentación de documentación genuina y su correspondiente fundamentación; desde el punto de vista jurídico está tratando de intimidarnos para que nos callemos, pero no lo vamos a hacer”, acotó.

Gutiérrez afirma que “cada cosa que denunciamos la hacemos con la entrega de documental a las autoridades y al periodismo”, y recordó que “no somos nosotros los que decimos que de Tesorería salieron 232 millones de pesos a la Fundación de Schoklender, sino que figura en las planillas de ese organismo. En todo caso si alguien está mintiendo, nosotros somos los que tenemos el respaldo documental de todo lo que hacemos y decimos, a diferencia de la otra parte que hasta ahora no ha mostrado nada”.

“Tampoco somos los responsables de que las áreas de gobierno provincial no contesten los pedidos de informes aprobados por la Legislatura respecto de las transferencias por $10 millones de fondo sojero en el año 2009 a la Fundación Madres, en un término de dos meses, o si existieron pagos de 2008 realizados por el Instituto de Vivienda a la Fundación antes de que se constituya la unidad ejecutora provincial”, añadió.

El legislador radical dijo que “el único informe que contestó el gobierno provincial tardó 14 meses y está incompleto”, y luego apuntó que “el gobierno del Chaco aceptó las casas de Schoklender que cuestan 2 y media veces más. Tampoco es nuestra culpa que el gobierno provincial haya sido parte del proceso de tercerización para la construcción de viviendas, dejando al Instituto de Vivienda y todos los organismos técnicos y de control de lado”.

“Tampoco es nuestra responsabilidad que el gobierno provincial haya aceptado que cada casa de Schoklender le cueste a los chaqueños $201.000 en vez de los $ 81.000 que se establece en los planes Fonavi a través del Ipduv, es decir dos y media veces más caras. Tampoco es nuestra culpa que este hecho haya sido denunciado públicamente por el propio presidente de la Cámara Chaqueña de la Construcción Ricardo Siri en enero y marzo de este año, dejando claro que con el dinero que se le dio a la Fundación Madres se podrían haber hecho casi 2500 casas, lo que representa más del doble de las proyectadas por la Fundación”, añadió.