Con una minuta de comunicación, que ingresó en la última sesión legislativa, solicitan a la Función Ejecutiva informes sobre el estado de la reglamentación de la ley 7.801 y su modificatoria, la ley 8.355.

Luna, en diálogo con EL INDEPENDIENTE, fundamentó que el desarrollo de una minería responsable requiere al Estado, como legítimo representante de los intereses colectivos, la implementación de todos los controles posibles desde el punto de vista administrativo, social, técnico y político.

A modo de introducción, explicó que el complejo normativo en esta temática se encuentra dado por el Código de Minería de la Nación, de procedimientos mineros y las leyes provinciales, entre ellas la ley 7.801 y su modificatoria, la ley 8.355 que establecen los instrumentos y mecanismos destinados a garantizar el control por parte del Estado y la sociedad para garantizar un desarrollo sustentable en los términos que exige el artículo 68 de la Constitución provincial.

FUNDAMENTAL

Consultado por su postura respecto a la decisión del Gobierno riojano de propiciar el desarrollo de una minería responsable, asegurando el cuidado ambiental, afirmó que "estamos de acuerdo con el impulso de intentar el desarrollo de la minería, pero es fundamental que los controles partan del Estado".

Asimismo, opinó que "la sociedad no tiene una oposición absoluta y obcecada sobre la minería, pero tiene sus reservas". En este sentido, consideró que "la gente -según lo que percibió- no cree que la dirigencia sea capaz de controlar y preservar el medio ambiente" es por eso que el legislador por el departamento Capital afirma que es fundamental instrumentar los mecanismos y las legislaciones existentes para darle tranquilidad a la sociedad toda.

El objetivo del pedido de informe es lograr la plena aplicación de la legislación existente.

NORMATIVA

La ley 7.801 determina la autoridad de aplicación en la Secretaría de Ambiente de la Provincia y define sus atribuciones, competencias y obligaciones. El artículo 3 inciso "A", "B", "Q" y "V" de la ley ambiental, estipula que dicho organismo debe realizar la elaboración del diagnóstico ambiental actual; que se debe formular el programa de política y gestión ambiental; los pasos para instrumentar una audiencia pública y la promoción de la participación ciudadana.

El artículo 4 de la norma ordena a la autoridad de aplicación, organizar un sistema provincial de información ambiental y el artículo 16 modificado por ley 8.355 determina las etapas que tiene el procedimiento de Evaluación del impacto ambiental. Además, dispone que en los casos que corresponda la reglamentación, la Autoridad de Aplicación deberá convocar a audiencia pública a fin de consultar a la comunidad sobre los proyectos.

La ley ambiental y su modificatoria crea el Consejo Provincial del Medio Ambiente con representación de las distintas funciones del Estado, las universidades y las organizaciones no gubernamentales con personería jurídica.

El diputado Luna, afirmó que "es importante que pongamos en marcha los controles para que la sociedad toda, entienda y observe a un Estado -en sus distintas funciones- comprometido con las políticas de cuidado ambiental".

POSICIÓN

En diálogo con EL INDEPENDIENTE, Luna resaltó que "de las distintas experiencias que venimos escuchando, la más solvente es la experiencia sanjuanina; desde el punto de vista del control han creado un instituto específico, para el cual se capacitó a los recursos humanos que lo integran.

Tenemos que adoptar los modelos positivos, adaptarlos a nuestra realidad y ponerlos en marcha".

Luna señaló que solicitó a sus pares que se faculte a las comisiones respectivas para que sean invitados los secretarios de Ambiente, Nito Brizuela; de Minería Oscar Lehz, el presidente de EMSE "porque sabemos que están trabajando en sus áreas, pero queremos conocer más" y añadió que su proyecto de pedido de informes es una acción que fue presentada a nivel del bloque oficialista como la necesidad de buscar información para contribuir a que "como representantes del pueblo, como función del Estado; la sociedad conozca un poco más sobre lo que estamos hablando, porque como ciudadanos es bastante deficiente el nivel de información como para plantar posturas sobre el tema".

Finalmente, puso de manifiesto su postura de respaldo a la actividad pero cumplimentando con rigurosos controles, dando seguridad jurídica a las empresas, capacitando al personal que se abocará a los controles ambientales "para darle tranquilidad a la gente de que pueden confiar en el Estado".

"Las mejores experiencias reconocen que el control es un aspecto central, para una minería responsable el control necesariamente debe ser estatal" afirmó.