Los fundamentos de la norma establecen que “la ciudadanía del Chaco se ha visto sorprendida por aumentos en el valor de su factura de energía, que en la mayoría de los casos superan ampliamente el cincuenta por ciento en relación al mes del año anterior. El gobierno sostiene que no hubo aumentos de tarifa, y en eso técnicamente hay que darle la razón, lo que ocurre es que mediante el artilugio de crear un nuevo rango con un mayor valor Kwh los usuarios pagan mucho más”.

“La realidad socioeconómica de los chaqueños, sin variaciones en sus ingresos, con una inflación creciente, con altas temperaturas, donde el ventilador y hasta un aire acondicionado se deben presumir de primera necesidad, impone a los gobernantes la necesidad de minimizar el impacto en su economía familiar”.

“Es importante que el gobierno provincial destine fondos a la empresa SECHEEP que compense la disminución de ingresos que se operará a partir de la aplicación de la presente ley”.

Resta, naturalmente, esperar la respuesta del Ejecutivo y la posibilidad de que la ley sancionada sea vetada con argumentos como los que ya ha expuesto el bloque justicialista en sesiones anteriores, vinculados a la imposibilidad de compensar presupuestariamente los recursos desafectados.