La norma eleva la alícuota general para la comercialización mayorista y minorista y de prestación de obras y servicios del 2,5 al 3 por ciento, a la vez que establece alícuotas diferenciales del 6 por ciento sobre actividades relacionadas con servicios financieros, acopiadoras de productos agropecuarios, préstamo de dinero, juegos de azar, venta de cigarrillos, aseguradoras de riesgo de trabajo, entre otras.

Un aspecto de la ley que suscitó reparos fue la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el que podrá incrementar o bajar las alícuotas establecidas. Las críticas se levantaron desde el Frente Primero Jujuy y Lyder, cuyos diputados cuestionaron también la falta de información sobre la recaudación provincial y el destino de estos recursos.

Los argumentos del oficialismo se basaron en la necesidad de actualizar las alícuotas y adecuar los mínimos tributables, que datan de 1992, así como en incorporar actividades que no estaban contempladas dentro de las alícuotas especiales. El diputado Eduardo Alderete (PJ) expuso también que el objetivo del Gobierno es adaptar la normativa de Jujuy a la vigente en la región.

El radical Jorge Rizzotti anunció las coincidencias de su bancada con la iniciativa del oficialismo, adelantando que no obstante iba a proponer algunas modificaciones en el tratamiento en particular. El legislador advirtió que el deterioro de los recursos públicos ha creado la necesidad de encontrar fuentes de recaudación y aprovechó para subrayar que por falta de una ley de coparticipación, los municipios se ven empujados a realizar actualizaciones de sus ordenanzas impositivas.

Oscar Agustín Perassi (FPJ) sostuvo que el proyecto fue enviado sin la información necesaria para que los miembros de la Cámara puedan tomar la decisión correcta. Para el diputado, debieron haberse remitido los datos sobre lo que se recauda en Ingresos Brutos y cuánto significará la reforma tratada para los arcas del Estado provincial.

Anticipando el voto negativo, Isolda Calsina de Lyder subrayó que el Ejecutivo avanza con modificaciones sin rendiciones de cuenta y que el proyecto plantea una delegación de facultades al Ejecutivo que consideró inaceptable. Estimó además que la mayor presión tributaria “se volverá sobre los inscriptos y no sobre el comercio informal” ya que no se controla al gran comercio ilegal. Por otro lado, observó que Jujuy presenta condiciones económicas distintas a las de otras provincias y que el Producto Bruto Interno de los últimos treinta años muestra un retroceso del aporte de la provincia a la economía nacional, a causa de la falta de políticas productivas. En ese marco, Calsina instó a “no limitarnos a elevar impuestos distorsivos que siempre caen sobre la gente que menos tiene”, añadiendo que “no veo que se impongan alícuotas mayores a la tierra improductiva que formaría parte de una política que dinamice el desarrollo de Jujuy”.

Alejandro Snopek (FPJ) advirtió, por su parte, que antes de elevar los impuestos “es preciso poner planes antievasión para evitar que los actores informales tengan una ventaja competitiva nueva y hacer que quienes están en el mercado formal pierdan mercado o tengan que vender a precios por encima de una competencia desleal”. Para el frentista, el aumento de la presión tributaria no garantiza crecimiento de recaudación y advirtió que en el actual contexto de inflación y desaceleración de la economía es “como echar nafta al fuego”. Snopek también estimó que no debieran gravarse las actividades primarias “porque el consumidor final tendrá que pagar un precio mayor por las materias primas, productos alimenticios, especialmente” y señaló que los productores de Jujuy sufren una desventaja con los de Salta, al no tener esa provincia gravadas las actividades primarias.

Alderete replicó desde el oficialismo que el reclamo de información y del estado de ejecución presupuestaria constituye una “aberración legislativa” y dijo no entender el rechazo a la delegación de facultades al Ejecutivo: “es una forma de facultar al poder administrador dentro de un marco de absoluta legalidad”, explicó. El legislador justicialista afirmó que los indicadores de los últimos treinta años están influenciados por valores cíclicos estacionales y sostuvo que no es posible comparar procesos democráticos con procesos no democráticos. Tras calificar como “desubicados y absurdos” los cuestionamientos al proyecto, resaltó que la evasión “es un problema de todos” y “todos ponemos un granito de arena para que la evasión sea posible y no es culpa de este gobernador o de la presidenta, sino la tradición histórica de este país que no tiene cultura tributaria”. Alderete rechazó que nada se hubiera hecho sobre este problema y recordó que la semana pasada, la Cámara sancionó un marco para el funcionamiento de las ferias.

Tras una corrección de Perassi a Alderete por la calificación de “aberrante”, Jorge Noceti (PJ) reforzó que los recursos que percibe Jujuy no alcanzan para cubrir las erogaciones y advirtió que se habla de leyes de coparticipación municipal “pero negamos la facultad de generar una torta provincial que pueda hacer frente a los gastos de la Provincia”. La cuenta del ejercicio –añadió- tiene que ser presentada el año que viene “y ahí se podrá analizar si las pautas están cumplidas, pero entretanto, estamos modificando una ley de 1992, muy vieja, que tiene elementos regresivos para el desarrollo de la provincia”. Noceti puso como ejemplo las alícuotas vigentes para las actividades nocturnas que impiden el desarrollo de uno de los diferenciales turísticos de la región, y que se podrán acomodar con la nueva ley. También acusó que se ponen palos en la rueda y no se aportan alternativas y señaló que llamaba la atención que las objeciones no se hubieran planteado en la comisión de Finanzas, que es el ámbito donde deben discutirse los proyectos.

Calsina contestó que en Finanzas la iniciativa se trató en una sola oportunidad, durante una reunión en la que funcionarios del Ejecutivo expusieron el proyecto, y que muchas reuniones se levantaron. “Acá se ha reconocido que los organismos encargados de recaudar no lo han hecho y eso no puede ser cargado a quiénes disentimos con la política de la provincia”, dijo y recordó que Lyder presentó un proyecto para denunciar el Pacto Fiscal “pero la provincia sigue de rodillas ante la Nación”.

También Alejandro Snopek respondió a Alderete y señaló que el bloque del Frente Primero Jujuy recién accedió al despacho del proyecto la noche anterior a la sesión, al tiempo que recordó que por mandato constitucional, la Legislatura “verificará permanentemente que el costo de lo recaudado de cualquier tributo no supere determinado porcentaje de lo recaudado, propendiendo a que deje el mayor beneficio sin ser aumentado”.

Luego que el presidente del bloque Justicialista, Héctor Tentor, señalara que había errores de tipeo en el despacho de comisión, anunció que no se iban aceptar modificaciones en el tratamiento en particular.

Cerrado el debate, el presidente Guillermo Jenefes sometió rápidamente a votación el proyecto en general y en particular, sin que los bloques de la UCR y del Frente Primero Jujuy formularan las modificaciones que según habían anunciado minutos antes, tenían la intención de plantear. Alejandro Snopek (FPJ) protestó porque no le habían dado la palabra cuando la pidió para solicitar la corrección de un error en uno de los incisos y Jenefes le ofreció una reconsideración, que el frentista declinó ante el seguro rechazo de la abrumadora mayoría del PJ.