Los diputados hoy sí aprobarían la expropiación de 38 hectáreas

Tras haber sido vuelto a comisión la semana pasada sin llegar a tratarse en el recinto, nuevamente figura en el Acta de Labor parlamentaria de la sesión de hoy de la Cámara de Diputados, el proyecto para expropiar 38 hectáreas en la zona sudeste de la ciudad de Salta, que se destinarán para la construcción de viviendas sociales.
El martes anterior se decidió no aprobarlo debido a un pedido de los dueños de los terrenos, que se encuentran en trámite sucesorio, porque estaban negociando la venta al Gobierno, según indicaron desde Diputados.

Ante esta situación decidieron esperar una semana hasta tanto finalicen las negociaciones, pero al no notar ninguna solución a corto plazo y ante la urgencia por contar con esos terrenos para otorgárselo, a través de cuotas accesibles, a familias de escasos recursos, decidieron incluir el proyecto para hoy.

Los terrenos corresponden a la matrícula Nº 132.063 y se encuentran detrás del hipermercado ubicado en la rotonda de Limache y del barrio Parque La Vega.

Igualmente hasta que se pueda lotear estos terrenos pasará un tiempo, debido a que, además de tener la aprobación del Senado, tienen que contar con los servicios básicos de agua y energía eléctrica para ser adjudicados.

En el mismo sentido se tratará la expropiación de terrenos en Tartagal con el objetivo de regularizar la situación de los ocupantes, de lo que se conoce como asentamiento Toba.

En la sesión de hoy también se tratará la iniciativa que promueve la creación de un sistema intersectorial e interdisciplinario para la atención de los tratamientos de cáncer infantil.

Además obtendría media sanción la propuesta para crear la carrera de Tecnicatura Superior en Agente Sanitario, en relación a la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS).

También figura en el Acta el proyecto para establecer la obligación de incorporar el arbolado de veredas y la parquización de espacios públicos en todos los proyectos arquitectónicos del Instituto Provincial de Vivienda.

Por último se tratará un proyecto que, con el objetivo de lograr la inclusión de la comunidad sorda, obliga al Ejecutivo a implementar intérpretes de lengua de señas en todos los actos públicos.

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