El oficialismo remarcó la importancia de pasar del actual sistema al denominado modelo acusatorio pleno. El nuevo Código Procesal Penal respeta las garantías constitucionales y contribuirá a mejorar el servicio de justicia, dijeron.

Desde la oposición se remarcó que la reforma otorga gran responsabilidad a los fiscales y confiaron en que no se desvirtúen las atribuciones que se dan al Procurador General respecto a reglamentar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, la distribución de las fiscalías y a fijar las especialidad para las mismas.

El nuevo código regirá en el Distrito Judicial Centro a los 6 meses de la publicación de la ley y durante un año, las actuaciones por delitos con pena máxima de 6 años de prisión, serán asignadas a los actuales fiscales correccionales. Estos llevarán la investigación penal preparatoria con la intervención de jueces de garantías, que serán cuatro de los actuales jueces correccionales y de garantías y a los que se elegirá por sorteo. El actual juez de detenidos y garantías será luego solamente juez de detenidos.