La Cámara de Diputados de la Provincia votó ayer a favor de la adhesión de Mendoza al Protocolo para Abortos no Punibles redactado por el Ministerio de Salud de la Nación. Luego de un extenso debate, sólo once legisladores votaron en contra del proyecto, entre ellos el bloque del Partido Demócrata (PD) en su totalidad. Tres diputados estuvieron ausentes y los restantes 34 lo hicieron a favor.

La iniciativa fue presentada por la diputada de la UCR Liliana Vietti pero contaba con el respaldo de la gran mayoría de los legisladores. A la hora de realizar la votación, todos los bloques dejaron en claro que cada uno de sus integrantes quedaba en libertad de votar según sus convicciones, con excepción del PD. Así, su presidente, Aníbal Ríos, anticipó que él y los otros cuatro legisladores estaban en contra de la adhesión al Protocolo para Abortos no Punibles de la Nación: Hugo Babolené, Aldo Vinci, Juan Jesús Riesco y Rómulo Nazareno Leonardo. También Norma Moreno (FPV), Luis Francisco (FPV), José Muñoz (FPV), Néstor Guizzardi (UCR), Diego Guzmán (UCR) y Cristian González (FPV).

Los tres diputados que no estuvieron en el recinto fueron Daniel Cassia (Peronismo Federal), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Luis Petri (UCR) Tras la media sanción de la Cámara Baja, el proyecto pasará al Senado, donde podría recibir su sanción definitiva. Se trata de otro claro mensaje que llega desde el Legislativo ante la falta de decisión y voluntad política mostrada por el gobernador Francisco Pérez, a través del ministro de Salud, Carlos Díaz Russo. En el reciento hubo grupos con carteles en contra del proyecto, como también muchas personas a favor de la iniciativa.

El proyecto que se trató en la sesión de la Cámara Baja busca tomar como referencia en la provincia la Guía Técnica para la Atención integral de los Abortos no Punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, que fue redactada hace dos años. De todos modos, en Mendoza, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Provincia. Por eso, y para dejar en claro que la voluntad legislativa era avanzar con esta idea, diputados del PJ se reunieron hace días con el ministro Carlos Díaz Russo, quien, al igual que el gobernador Francisco Pérez, nunca terminó de definir una postura al respecto.

La idea de tener un protocolo propio en la provincia comenzó a gestarse en los últimos meses del gobierno de Julio Cobos y tuvo una fuerte impronta desde de la Subsecretaría de Justicia durante el mandato de Celso Jaque. Sin embargo, ningún titular de Salud puso la firma definitiva para reglamentarlo. "Le dejamos claro a Díaz Russo que no había más alternativas. Había que reglamentar de alguna forma y la mejor manera es la adhesión al protocolo que está vigente a nivel nacional. Si, de todos modos, en los hospitales de Mendoza ya se está practicando", señaló uno de los legisladores que participó en la reunión.

En el proyecto se incorpora el modelo de declaración jurada y la solicitud de consentimiento en el que la víctima de un ataque sexual o su representante legal deben explicar lo sucedido sin la necesidad de llevar el caso a la Justicia. Asimismo, de producirse progresos en las ciencias y técnicas médicas en los métodos de interrupción del embarazo, la autoridad de aplicación deberá adecuar la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles, y queda establecido que hasta que no se produzca esa actualización regirá la vigente hasta ese momento, según se manifestó en el comunicado oficial que partió desde Diputados.

La autora del proyecto fue la legisladora Liliana Vietti, de la Unión Cívica Radical. La diputada justificó la medida y aseguró que "es necesario que la mujer víctima de violación y embarazada pueda acceder a sus derechos. El Estado es el que debe garantizar los derechos de su pueblo y especialmente de la población más vulnerable". Vietti explicó: "Este tema no hay que esconderlo porque lo vivimos a diario en la sociedad. Existe una clandestinidad de la práctica que hace que no tengamos certezas en los datos pero sí sabemos que el principal factor de mortalidad materna es la interrupción no segura de embarazos. Llegan a los hospitales públicos a solucionar los problemas dejados por abortos clandestinos, a los cuales se los ingresa como 'hemorragias', en la mayoría de los casos".

Hace unos años, un informe publicado a partir de los datos de egresos hospitalarios en Argentina revelaba esta situación contemplada por Vietti: la cantidad de mujeres que a diario eran atendidas en centros de salud luego de haber intentado abortar de manera clandestina. Respecto de la relevancia de las opiniones sobre este asunto, la diputada solicitó la incorporación formal al expediente de alrededor de 61 fojas que contienen diversas adhesiones de periodistas, instituciones y mujeres que participan en diversas agrupaciones afines.

Por su parte, desde la bancada justicialista, la diputada Mónica Salazar expresó: "Estamos defendiendo los derechos humanos de la víctima, la sociedad tiene un gran reclamo respecto de esto. Encontramos que se confunde entre proteger un embarazo de una mujer cuya vida corre peligro, o bien corre peligro psicológico, con una mujer a la que se la ha obligado a tener un hijo, revictimizándola".

A continuación, el legislador Luis Francisco (FPV) sostuvo: "Es muy importante sincerarnos, más allá del discurso, que por lo general no coincide con la realidad que nos atraviesa. En la vida cotidiana, la doctrina es vista de una manera u otra según el interés del que lo mire. Todo individuo es dueño de decidir por su cuerpo, siempre que no se dañe a terceros". Cabe destacar que, durante su alocución, Francisco expresó su apoyo a la guía técnica que realice el Gobierno provincial.

Desde la bancada demócrata, su presidente, Aníbal Ríos, dijo: "No es un tema fácil. No es una discusión meramente legislativa sino que lo que estamos planteando es un problema ético. Disiento con los que defienden el proyecto porque no creo que sea, simplemente, un aspecto reglamentario". En el mismo sentido, agregó: "Se pierde la perspectiva, que es lo que plantea el derecho natural, que no depende del hombre porque primero trasciende el acuerdo contractual de la legislación vigente que tiene que ver con esta realidad del quórum y la realidad".

Además, expresó: "Sostenemos que la discusión, por tanto, tiene algunos ribetes que generan responsabilidades desde las convicciones éticas y no simplemente desde el instrumento legislativo que facilita la comisión de un hecho jurídico. El verdadero debate es cuál es el bien jurídicamente protegido". A su turno, el legislador Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro) expuso que "el aborto es un gravísimo problema de salud".

En cuanto a la cantidad de mujeres que mueren por día por aborto, el diputado resaltó: "Los países que legalizaron el aborto bajaron los índices de los mismos, porque, en muchos casos, la inclusión de una mujer en el sistema de salud, teniendo algún tipo de contención (psicológica, social, de salud), le permite desistir de abortar". En su discurso enfatizó: "No hay que ser hipócritas, hay miles de abortos todos los días. El proyecto que tratamos hoy es necesario, hay que aprobarlo".