El proyecto de ley penal anticorrupción, tal como se lo bautizó, se debatirá esta semana en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Cámara baja, en la que oficialistas y opositores ya avanzan en la redacción de un dictamen común.

La iniciativa, que se basa en un proyecto del presidente de la Comisión de Legislación Penal, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), contempla cuatro puntos esenciales: en primer lugar, las personas jurídicas (empresas) serán sancionadas penal y económicamente si se comprueba su participación en actos de corrupción.

Segundo, se elevarán las penas para aquellos funcionarios que también cometan delitos contra la administración pública, a tal punto que no serán excarcelables.

Asimismo, se incluirán dos figuras: la del "arrepentido" ?siempre que el delito cometido por éste sea menor al que denuncie? y el decomiso de los bienes con que se hayan beneficiado los corruptos, sean éstos funcionarios públicos o personas jurídicas. Este decomiso podrá instrumentarse aun sin condena firme del funcionario implicado.

"Con este proyecto de ley, estamos cumpliendo con un largo reclamo social de poner fin a los llamados delitos del poder, que es la corrupción", celebró el diputado Vega, quien, junto con sus pares Ricardo Gil Lavedra (UCR) y los oficialistas Oscar Albrieu y Alejandro Rossi, diseñó la semana pasada un borrador de dictamen de consenso.

"Aún resta pulir algunos detalles del proyecto, pero el nivel de diálogo y la construcción del consenso han sido hasta ahora muy buenos", elogiaron, por su lado, Rossi y Albrieu.

También Gil Lavedra celebró este principio de acuerdo, aunque anticipó a La Nacion que firmará el despacho con algunas disidencias en lo que respecta a la figura del decomiso y el agravamiento de las penas. "No obstante, vamos a apoyar el proyecto de mayoría", garantizó.

Agravamiento de penas

Uno de los aspectos más innovadores de la iniciativa es que, por primera vez, las personas jurídicas deberán responder penalmente por su participación en hechos de corrupción.

El abanico de sanciones abarca desde la suspensión de la personería jurídica hasta su revocación, así como la aplicación de multas, que serán proporcionales a las ganancias que las empresas implicadas hayan obtenido durante un año.

Asimismo, el proyecto eleva la escala de las penas con la que se sancionará a los funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción. Este agravamiento se aplicará según el cargo que ostente el funcionario, como el daño que haya cometido.

En efecto, si el funcionario implicado es intendente, legislador nacional, ministro o presidente de la Nación recibirá penas que van de 4 a 15 años de prisión (la actual escala penal va de uno a ocho años). Esto quiere decir que, según el proyecto, el delito no será excarcelable.

Ahora bien, si el acto de corrupción afecta un servicio público esencial, también se agravará la pena para el funcionario que lo cometa, más allá de su rango. Aquí también la escala irá de 1 a 15 años de prisión.

Asimismo, la iniciativa contemplará un párrafo especial destinado a los jueces que cometan actos de corrupción: en este caso, se les aplicará penas que pueden ir de 4 a 12 años de prisión.

El jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, confirmó a La Nacion que su bloque apoyará el proyecto de ley anticorrupción, con lo que se descuenta el respaldo de la Casa Rosada; de todas maneras, el kirchnerismo solicitó que, en el mismo trámite, la oposición apoye un proyecto del Poder Ejecutivo para reformar la ley penal tributaria y el Código Penal con el propósito de hacer más eficaz la lucha y el castigo contra la evasión fiscal. Vega ya dio su consentimiento.

El actual Código Penal carece de tipos legales punitivos precisos y específicos que criminalicen los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos; si a esto se suma la creciente complejidad de la criminalidad económica, se comprende las dificultades que hoy tiene la Justicia para combatir estos delitos.

Sin ir más lejos, según estadísticas oficiales, un proceso judicial por actos de corrupción dura en la Argentina un promedio de 14 años y tiene una condena sólo el cuatro por ciento.

Si bien la Argentina suscribió, en 1996, a la Convención Interamericana contra la Corrupción, nunca el Congreso avanzó en la adecuación de las actuales figuras que contempla el Código Penal con la norma internacional.

Si ahora los legisladores se deciden a avanzar con este proyecto y, finalmente, se convierte en ley, se cumpliría con este demorado compromiso.

LOS PERSONAJES RICARDO GIL LAVEDRA

Diputado nacional por la UCR

Anticipó que su partido acompaña con algunas disidencias en lo que respecta a la figura del decomiso y el agravamiento de las penas.

FEDERICO PINEDO

Diputado nacional por Pro

El legislador promueve, con Gil Lavedra, un proyecto para crear una Fiscalía Especial Anticorrupción con competencias más flexibles.

ALEJANDRO ROSSI

Diputado nacional por el FpV

El hermano del jefe de la bancada kirchnerista, Agustín Rossi, elogió el nivel de diálogo y consenso alcanzado con la oposición.

FELIPE SOLA

Diputado nacional por el PJ Federal

El legislador quiere que haya fiscales especialmente asignados a las investigaciones de corrupción en la administración pública.