El juez Arias aceptó, en los considerandos de su decisión, que previo al aumento de tarifas debió realizarse una audiencia pública para debatirlo, que fue la circunstancia que alegaron los demandantes en el amparo, para frenar la suba del 180% en el servicio.

Arias señaló que, además, el incremento "vulnera" el derecho de los demandantes "a un servicio acorde a las características contempladas en el marco regulatorio, atento a los reiterados incumplimientos en los que ha incurrido la empresa prestataria".

El magistrado también explicó que desde su punto de vista el Ejecutivo avanzó sobre competencias propias del Legislativo al avanzar con un decreto "de sustancia legislativa" y recordó que en la Provincia no existen los decretos de necesidad y urgencia sino solo los reglamentarios.