El diputado nacional Ricardo Mansur (UCR) denunció ayer que las nuevas normativas de sanciones a las bodegas que aplica el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) estarían beneficiando a los infractores.

El INV es un órgano perteneciente al Gobierno nacional, con sede en Mendoza, que controla la calidad de los vinos y mostos del país. En una serie de tres resoluciones que emitió ese instituto entre febrero del año pasado y marzo de este año se “disminuyen las sanciones a bodegas infractoras y determinan nuevos destinos a vinos decomisados”, expuso ayer a la mañana Mansur, quien también es enólogo y fue intendente de Rivadavia.

Apunten a García

“En la actualidad (los vinos decomisados) se podrían incorporar al mercado interno para la elaboración de subproductos o exportarse. Antes estos vinos debían ser derramados o destilados”, advirtió el diputado nacional radical, quien apuntó de lleno contra el presidente del INV, Guillermo García.

Una normativa de marzo último “posibilita que los infractores soliciten otro destino para los vinos en infracción, como elaborar subproductos vinícolas para el mercado interno, y también menciona la exportación como alternativa”.

“En esta misma resolución –aseguró Mansur– se elimina el decomiso y se le permite al infractor realizar una operación de venta, obligando a entregar el 25% del total del monto neto de la operación al INV”.

Pocas horas después de la denuncia pública, García envió su respuesta por escrito a la prensa.

Refuta García

“La información que el diputado les proporcionó a los medios de comunicación es parcial, porque el INV está abocado al desarrollo de un nuevo esquema de fiscalización diferenciada”, a fin de actualizar una Ley de Vinos (14.878), que nació en 1959, dijo el jefe del INV.

“Las resoluciones a las que hace referencia el diputado tienen que ver estrictamente con poner un límite a los conflictos legales”, sostiene el comunicado que firma el presidente del instituto.

Denuncia por denuncia

Mansur dijo que acompañará a su denuncia pública una presentación en la Cámara de Diputados de la Nación para solicitar que se restablezca una resolución (C-21) de 1999, que exigía que sólo podían derramarse o destilarse los vinos adulterados, manipulados, aguados o que implicaran alguna otra infracción a las normas vigentes. Esta disposición fue eliminada en marzo de este año.

García respondió que “lo que se ha establecido con esta resolución es dar una alternativa al derrame del producto para proteger al medioambiente”. Y en caso de destinarse a otros productos, “tiene que existir la autorización legal de la correspondiente autoridad de contralor del producto y en algunos casos, del Municipio correspondiente”.

También dijo Mansur que pedirá reanalizar otras normativas.

La primera es la resolución C-5 del 2009, que aprobó el Régimen Voluntario de Infracciones a la Ley General de Vinos (14.878) y la Ley Nacional de Alcoholes (24.566). Esto permite que el infractor que reconozca su falta pague el 50% de la multa.

García dice que la idea del descuento es “que el establecimiento pague la multa, situación que antes no se realizaba, sino que se planteaban los problemas en la Justicia, y difícilmente se podía lograr el cobro de la infracción”.

Otra norma que rechaza el diputado cobista es la resolución C-1, de enero último, que estableció un tope de $300 mil a las multas que deban pagar los establecimientos por infringir la Ley General de Vinos.

Esta cifra “en muchos casos era superada ampliamente, llegando a números millonarios”, y por eso tampoco nadie la pagaba, advirtió García.