Este sector señala que “el intento de resolver la cuestión omitiendo la participación ciudadana, ha derivado en un enfrentamiento” y que el debate “se ha tornado en la toma de posiciones irreductibles que impiden el tratamiento racional”. Asimismo, apuntan a intereses políticos que “pretenden obtener réditos y llevar la cuestión hacia una acción de desprestigio” contra la presidenta Cristina Fernández, aunque no aclaran cuáles son.

El documento remarca que la pérdida de confianza ”no debe conducir a la impugnación de la actividad política en general”. Asimismo, plantea que “el intento de llevar la cuestión hacia la discusión técnica como único escenario de debate, tiene por objeto establecer el campo de análisis del problema en un terreno en el que los impulsores de la explotación en las actuales condiciones se sienten seguros, soslayando el aspecto político de la demanda social”.

Cuestiones a debatir

Aunque afirman que no están “en contra de la extracción de los recursos naturales no renovables”, con garantías de rentabilidad y de respeto medioambiental, proponen una serie de cuestiones a debatir.

Estas son “reconocer que es solamente la comunidad la que puede otorgar la licencia social”; que “que ante una situación de fractura social, no pueden llevarse a cabo ninguna política sustentable”; construir instancias de control; establecer el destino de la renta obtenida y revisar toda la legislación nacional sobre minería.