La diputada del Parlasur, Gil Lozano de UNA, buscará impugnar a Olmedo

El caso de violencia de género en el que está involucrado el electo diputado nacional, Alfredo Olmedo, llegó a conocimiento de la también electa diputada por el Parlasur, Fernanda Gil Lozano de UNA, línea que lidera en el orden nacional Sergio Massa.

La referente por los derechos de las mujeres e impulsora de la legislación referida a la temática, expresó que se analizan las herramientas legales para arribar a una medida ejemplificadora que prohíba el ejercicio de la función pública a quien esta acusado de violencia de género. 

Gil Lozano reiteró ayer en una entrevista que le efectuaron en un programa de Canal 11, su  repudió a los hechos y afirmó que está trabajando para "obtener el apoyo necesario que permita instrumentar los mecanismos que impidan que Olmedo pueda asumir su cargo de Diputado Nacional el próximo 10 de diciembre". Sostuvo que no habló del tema aún con quien fuera candidato presidencial por ese sector político, Sergio Massa. 

La electa legisladora del Parlasur sostuvo que, a pesar de pertenecer al mismo espacio político, "sería muy importante arribar a una sanción ejemplificadora para prohibirle al legislador que asuma su banca en el Congreso Nacional".

Puso de relieve que estamos a pocas semanas del segundo #NiUna Menos, a realizarse el próximo 25 de noviembre. Y que será unos días previos a la asunción de los nuevos legisladores, entre ellos Alfredo Olmedo, que llega con esos antecedentes de violencia de género, en una situación que no podemos ser cómplices.

El caso trasciende 

El hecho de violencia de género denunciado en la policía de Villa Lavalle por la esposa de Alfredo Olmedo, que ocurrió en la madrugada del 25 de octubre, cuando el ahora electo Diputado Nacional por Salta fue encontrado en la puerta de un hotel alojamiento  con quien sería su amante, y que se confirmó luego que era su ex esposa.

Gil Lozano exigió que "así como se reclaman penas e imprescriptibilidad para los hombres violentos, también es importante que se les impida ejercer puestos públicos" porque consideró que "una persona con esa conducta atroz no puede ocupar un lugar de representación parlamentaria ni ningún otro relacionado a la función pública".

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