La iniciativa legislativa pide expresamente el “inmediato cese” de los locales donde se llevan a cabo actividades de explotación sexual o de incentivo a la explotación sexual, en vistas al cumplimiento de la Ley 12.331.

De esta manera, la legisladora retomó un proyecto del ex diputado Adrián Peppino que había perdido estado parlamentario. Duperou solicitó que “el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad informe sobre las medidas pro activas que hayan llevado a cabo las fuerzas de seguridad para prevenir el delito de trata de personas, como así también cuáles han sido las acciones del Ministerio Público Fiscal a partir de la firma del Protocolo de Actuación Relacionado con el Delito de Trata de Personas”.

“Teniendo en cuenta que este delito complejo consuma su etapa de explotación sexual en estos locales y que se caracteriza por extenderse en redes de prostitución, es que se solicita se incorpore a la agenda del parlamento patagónico, entendiendo que es una problemática de la región”, señaló en un comunicado la legisladora.

Duperou explicó que “el delito de trata de personas con fines de explotación sexual constituye una violación a los derechos humanos, teniendo como víctimas principalmente en más de un ochenta por ciento a las mujeres, adolescentes y niñas, convirtiéndolas en una mercancía para un negocio que mueve cifras miles de veces millonarias atentando contra la dignidad humana”.

“El Estado es responsable por acción u omisión de la persistencia de un delito que está penado por la legislación vigente y los tratados internacionales firmados por nuestro país, de allí que es necesario dar cumplimiento efectivo a través de distintas herramientas para poner un freno al delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, concluye la diputada del Frepam.