Además indicó que "debemos agudizar la mirada sobre las privatizaciones y concesiones de servicios que se han hecho en Salta y ejercer el correspondiente control a las empresas prestadoras, sobre la forma en que brindan los servicios y las inversiones a las que están obligadas por contrato".

Y al respecto citó como ejemplo el caso de Aguas del Norte a la cual "se le rescindió el contrato, pero el Estado no la ha demandado por las inversiones que debió hacer en cinco años y no hizo; el incumplimiento de contrato estaba claramente configurado, el Poder Ejecutivo tenía facultad para demandar a la empresa y sólo se limitó a sacarle la concesión".

Y graficó con que "el 40 % de la población de Chicoana no tiene agua potable, porque no se hicieron las redes necesarias".

"Al privatizar servicios o darlos en concesión se debe establecer claramente mecanismos de control sobre las inversiones que las empresas están obligadas a hacer para garantizar a los usuarios un servicio óptimo en calidad y seguridad, si el Estado no los controla la población está en riesgo", concluyó la diputada.

Cableado subterráneo

Diéguez adelantó que este año insistirá con un proyecto que presentó en el 2011 en el cual se establece que en las nuevas urbanizaciones, se exija a los concesionarios de servicios públicos y terceros no concesionarios la instalación de ductos subterráneos para los cableados.

"Puedo entender que los costos para las empresas van a ser mayores, pero el Estado no puede estar ausente en esta temática, porque el cableado subterráneo ofrece mayor seguridad a la población y si las empresas socializan los costos, a pesar de que muchas perciben subsidios, que también socialicen las utilidades, y ya que no tributan en los municipios por el espacio aéreo que usan, que inviertan en obras para mayor seguridad de la población", dijo la diputada por el departamento Chicoana.