El gobernador de la provincia, José Alperovich, mostró su preocupación por el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra de la provincia por la rescisión del contrato de Aguas de Aconquija.

Para Alperovich, el juicio internacional perdido por el contrato del servicio de agua, en 1996, "es un tema serio, gravísimo". "Para que la población recuerde, es cuando estaba Aguas de Aconquija en Tucumán, es un juicio que se ha perdido por 170 millones de dólares que hay que pagarlos", recordó. El CIADI depende del Banco Mundial, y durante las privatizaciones que se realizaron durante los gobiernos de Carlos Menem, se fijó una cláusula que disponía que sería el tribunal encargado de resolver los litigios.

"La provincia hoy no tiene dinero para pagarlo y hay que ver cómo se resuelve el tema, pero es un tema grave", insistió.

"No es nada fácil de resolver y la responsabilidad es de la Provincia y no de la Nación y lo grave es que debemos pagar nosotros", explicó.

Sin embargo, el Gobernador no descartó la posibilidad de iniciar gestiones con la Nación: "Es un juicio internacional que lo lleva adelante la Nación, quien más sabe de esto es el Procurador del Tesoro de la Nación".

El conflicto se originó en 1.996, cuando el entonces gobernador Antonio Domingo Bussi decidió de manera unilateral rescindir el contrato de Aguas del Aconquija, una empresa de la multinacional francesa Vivendi.

La noticia llega justo cuando ya está en vigencia la refinanciación de la deuda que Tucumán pactó con la Nación y se aprobó en la Legislatura el pasado 30 de junio. El acuerdo que la provincia firmó con el Estado Nacional deja claramente establecido que Tucumán debe hacerse cargo de la deuda. "La Provincia asumirá todo pago que el Estado nacional deba realizar con relación al laudo arbitral del 20 de agosto de 2007, en el arbitraje caratulado Compañía Aguas del Aconquija SA y Vivendi Universal SA contra la República Argentina, caso Ciadi AR/97/3. En tal caso, el modo en que dichos importes le serán reembolsados a la Nación deberán ser acordados por ambas partes", expresa el convenio.

Ahora se abre una nueva etapa en la cual sólo se discutirá de qué manera se afrontará el pago de los 170 millones de dólares. En la defensa en el juicio el Estado provincial sólo colaboró, ya que la realizaron desde la Procuración del Tesoro.