En el sindicato coinciden en que el paro no da para más. Sin ceder en la negociación, la Suprema Corte resistió en la pulseada que entorpeció por dos meses y medio la Justicia provincial. Elecciones gremiales en medio del conflicto.
La Comisión Directiva Provincial del sindicato intentará avanzar el lunes con los jueces del alto tribunal en ese acuerdo. La salida se arriesga a una negativa de la Suprema Corte que a lo largo del conflicto se mostró inflexible ante todos los reclamos gremiales. Si realizan los descuentos con la liquidación de mayo habrá trabajadores que directamente no cobrarán nada y en la AJB aseguran que, de ser así, se verían obligados a continuar con la huelga.
El mismo lunes por la mañana los judiciales serán informados del nuevo rumbo resuelto por la Comisión. Según el secretario general y el adjunto, Hugo Blasco y Daniel Pérez Guillén, se trata de la lectura que hicieron de las asambleas departamentales del último jueves. En La Plata, por ejemplo, los judiciales decidieron levantar la carpa frente al edificio del Poder Judicial. En Quilmes, donde conduce la izquierda del MAS, resolvieron realizar medidas de fuerza si la Corte no acepta devolver los descuentos y organizar nuevas acciones por semana para mantener en agenda el reclamo por la porcentual.
Pero en el medio hay otro componente: el 29 de agosto habrá elecciones en la AJB. Y este lunes las departamentales elegirán los tres miembros de la Junta Electoral que supervisarán los comicios. La representatividad en esa mesa condiciona la posibilidad de fraude de una u otra facción.
Descuentos y repliegue
El martes pasado, el primero en admitir el repliegue fue Daniel Pérez Guillén durante una conferencia de prensa de la CTA Provincia en La Plata, convocada por Roberto Baradel. ?Es un conflicto muy largo y nosotros no tenemos la voluntad de seguir en el paro, en esta paralización de la Justicia y en este conflicto tan duro para todos los trabajadores?, dijo a LA CAPITAL el adjunto de la central de trabajadores a nivel bonaerense y de la AJB.
Dos días después Hugo Blasco reconoció lo mismo a este diario. ?Con respecto al tema de la porcentual, que es el eje del conflicto, decidimos plantearlo en términos de cambiar la estrategia, de reformular la vías de acción, salir de esta cuestión del paro permanente y hacer otras cosas?, señaló tras la reunión de la Comisión Directiva Provincial.
El desgaste fue determinante en los dos meses y medio de conflicto. El aumento por decreto del 26% para las categorías más bajas y del 21% para las más altas cerró el diálogo a principios de abril. La profundización de las medidas de fuerza tuvo como respuesta medidas cautelares que posibilitaron la continuidad de la actividad en los tribunales a cargo de los jueces y jerárquicos. Siguió la intimidación y las tareas de inteligencia por parte de la policía bonaerense, los descuentos salariales por los días de adhesión al paro y la amenaza de quitarle la personería gremial a la AJB.
La salida ?elegante? para ambos sectores que conducen el sindicato es recuperar los descuentos. El ala de Hugo Yasky pretende además tomar la propuesta del gobierno y la Suprema Corte de negociar una rápida sanción de la Ley Marco de Paritarias para los judiciales, un viejo reclamo -incluso- anterior a la reinstauración de la negociación colectiva en los demás sectores estatales. Antes del conflicto, reconocen fuentes gremiales de los dos lados, corría con cierta ?ventaja en las encuestas?, producto de las últimas elecciones bonaerenses en la CTA y, sobre todo, del impulso de los resultados en los comicios presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner.
El ala de Víctor De Gennaro, más cómodo en el conflicto, centró los reclamos en la recuperación porcentual e hizo equilibrio con los sectores más radicalizados durante los dos meses y medio de medidas de fuerza continuadas. Para este sector ese tiempo fue suficiente. ?Resulta ser que el conflicto desnuda lo que cada uno es -sostuvo una fuente sindical en reserva-. Estos compañeros son los candidatos del Gobierno. Tampoco lo ocultan?.
El proyecto
También hay diferencias sobre la propuesta oficial de negociar una Ley Marco de Paritarias. ?El tema de la ley de paritaria entró por la ventana. Lo puso el gobierno como una zanahoria al burro para que nosotros salgamos del tema de la discusión de la porcentual. Y en eso, el grueso de los judiciales no estamos de acuerdo, quizás alguno lo esté pero nosotros no somos funcionales, ni empleados, ni alcahuetes del gobierno, así que ley de paritarias, si no es la que queremos nosotros de punta a punta, no hay?, se despachó Blasco ante la consulta de LA CAPITAL.
La mejor carta que tiene la AJB sobre la ley de negociación colectiva es un proyecto enviado al Senado en diciembre de 2006 por Felipe Solá, luego de ser consensuado con miembros de la Suprema Corte y el Ejecutivo, que perdió estado parlamentario en 2008. Incluso con puntos flojos para los judiciales, esa iniciativa es rechazada en la actualidad por los funcionarios de la Corte, como lo comprobó el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, en la última audiencia de conciliación donde participó el secretario Laboral del Poder Judicial, Guillermo Comadira.
El presidente de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari, pretende reiniciar desde cero la redacción del texto. Desde el sector que encabeza Blasco observan la intransigencia que mostró hasta ahora el Poder Judicial y se niega a discutir el tema. ?Nos chocamos con la Corte que quiere un proyecto que restringe el derecho de huelga, el ámbito de aplicación, se arroga facultades reglamentarias, facultades discrecionales. Antes de eso preferimos no tener ley?, concluye un dirigente. Desde el otro lado admiten la posibilidad de negociar a partir del proyecto del 2006.
En ese texto se excluye de las negociaciones a los empleados del Consejo de la Magistratura y los jerárquicos, secretarios de los jueces y fiscales, lo que contradice el Estatuto de la AJB que estaría perdiendo no sólo una fuerte herramienta de presión sobre el armado de las sentencias durante el conflicto, sino también buenos aportes gremiales de los salarios más altos. ?Sólo el 30% de los secretarios quieren que los representemos pero si dejamos de hacerlo en poco tiempo van a ser muchos más los que quieran que los defendamos?, confesó a LA CAPITAL un dirigente que apuesta al consenso con la Suprema Corte.
El eje del conflicto
Desde el congreso que dio origen al plan de lucha para este año, la AJB se centró en la recuperación del sistema de porcentualidad salarial. La ley 10.374 establecía que de acuerdo al cargo y las funciones, cada trabajador debe percibir un porcentaje del salario básico que se desprende del salario del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Para los judiciales es una forma ?equitativa de distribución de la riqueza?, pero fue derogada en 1994. En ese entonces Juan Carlos Hitters, actual ministro de la Suprema Corte, era el subsecretario de Justicia provincial designado por el entonces gobernador Eduardo Duhalde.
Con los salarios actuales, el auxiliar 5° de nivel 6 en el escalafón -que menos percibe según la normativa- cobra un sueldo básico de 3.418 pesos. Esto representa el 19,7% de los 17.353 pesos que percibe el Presidente de la Suprema Corte. Según el sistema porcentual, ese auxiliar debería percibir entre el 24 y el 27% de ese básico, lo que lo llevaría a cobrar unos 4.685 pesos. La inequidad se acrecienta cuando se compara con los honorarios reales de los jueces. Eduardo de Lázzari, actual titular del Poder Judicial cobra 82.222 pesos mensuales al bolsillo, según publicaron los trabajadores de la departamental de Quilmes.
Como vino informando este diario, el Gobierno bonaerense se negó a aceptar la restitución del sistema. También desconoció dos Actas Acuerdo firmadas en 2005 por el Ejecutivo en la que se comprometió a re-implementar los criterios de la porcentualidad. Según funcionarios del ministerio de Economía le costaría a la Provincia una inversión de 2.300 millones de pesos.
La AJB planteó implantarlo de manera gradual pero el Gobierno contestó que no tiene facultades económicas ni ?políticas? para hacerlo. El contexto no ayuda. En la provincia corren fuertes rumores sobre el pago desdoblado de los salarios si es que el gobernador Daniel Scioli no resuelve la reforma impositiva que actualiza el valor de los campos bonaerenses.
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