La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue reelegida ayer con un apretado 51,63% de los votos, con lo que llevará a dieciséis años la hegemonía del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil.

La mandataria se impuso en las elecciones más ajustadas y polarizadas en la historia de Brasil al senador socialdemócrata Aécio Neves, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que obtuvo el 48,37 por ciento.

Con un nuevo mandato de cuatro años, la dirigente del PT consiguió mantener la hegemonía de esta formación política en el país, en el poder desde que Luiz Inácio “Lula” da Silva asumió en 2003 tras derrotar al PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Con un marcado perfil técnico, Rousseff logró imponerse a Neves con una campaña basada en las bonanzas de los programas sociales ampliados durante su mandato e iniciados en el gobierno de Lula, su mentor político.

A pesar de que en algunos momentos el candidato del PSDB apareció adelante en los sondeos y puso en duda la reelección de la primera mujer que gobierna en el país más grande de Latinoamérica, Rousseff demostró que, si de algo sabe, es de cómo recuperarse de los golpes.

En ese sentido, la mandataria sorteó victoriosa un escándalo de proporciones que está lejos de haber quedado saldado: directivos de Petrobras, la mayor empresa del país, están siendo investigados por la Justicia por denuncias que abarcan desde lavado de dinero hasta su supuesto papel de “caja chica” del PT y otros partidos de la coalición que respaldan a la presidenta reelegida ayer.

Y así como Rousseff recordó hasta el infinito sus logros en materia de inclusión social, su rival prefirió fustigar a la mandataria con el affaire Petrobras. Más tarde, cuando los sondeos se estancaron en el “empate técnico” pronosticado inicialmente, llegó el turno de las agresiones personales.

Esa dureza se vio reflejada incluso en los roces entre seguidores de los dos candidatos en las calles y en las redes sociales.

Pese a ello, el Tribunal Superior Electoral (TSE) aseguró que los comicios de ayer transcurrieron en un ambiente de calma.

El incidente más grave de las elecciones, consideradas por las autoridades como las más tranquilas de los últimos años, fue el asesinato de un joven de 20 años durante una aparente pelea entre pandillas que nada tuvo que ver con los comicios.

Los brasileños también fueron llamados ayer para elegir a catorce de los veintisiete gobernadores que no lograron la mayoría necesaria en la primera vuelta de las elecciones del 5 de octubre, entre ellos los de los estados de Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Brasilia.

En Río de Janeiro, el gobernador Luiz Fernando Pezão, del PMDB, apoyado por Rousseff, fue reelecto por cuatro años más con el 56,07% de los votos.

También en Río Grande do Sul ganó un aliado del oficialismo –José Ivo Sartori , del PMDB– aunque venció en este caso a Tarso Genro, actual gobernador del PT.

En Brasilia, en tanto, el triunfo fue para el senador Rodrigo Rollemberg, del PSB, quien recibió el apoyo de Neves.

En todo caso, la victoria de Rousseff llega acompañada de importantes retos: el primero, reunificar el país luego de una campaña electoral virulenta.

El éxito de Rousseff en esta misión es esencial para fortalecer el gobierno y poder lidiar con dos otros serios desafíos: el ya mencionado escándalo de Petrobras, cuyas dimensiones son aún impredecibles.

El otro problema que encarará Rousseff en su segundo mandato es la tendencia al aumento de la inflación sumada a un virtual estancamiento de la economía del país, cuyo crecimiento este año será de sólo 0,9% –según el gobierno–, o de apenas 0,3%, como prevé el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La mandataria anunció que combatirá la inflación en su segundo mandato y anticipó que el ministro de Hacienda, Guido Mantega, abandonará el cargo en diciembre.

“Gobierno nuevo, nuevas ideas”, prometió Rousseff.

La mandataria deberá además mejorar su relación con los múltiples partidos que conforman la base aliada en el Congreso para hacer valer la amplia mayoría parlamentaria que tendrá a partir de 2015.

Los nueve partidos –que van de la derecha hasta la ultraizquierda– que conforman la coalición oficialista se aseguraron en las últimas urnas 304 de los 513 escaños en la Cámara baja y 53 sobre 81 en el Senado