Ante el apresurado proceso de destitución de Fernando Lugo como presidente de Paraguay , la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) amenazó ayer con aplicar el protocolo del grupo contra golpes de Estado, mientras que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sugirió que la primera medida que se podría tomar contra el nuevo gobierno, encabezado por Federico Franco, sería la expulsión del país de los organismos regionales como el Mercosur y la propia Unasur.

"El protocolo prevé que, en caso de que los países consideren que hubo un rompimiento del orden, puede haber una sanción en la representación en los organismos multilaterales", advirtió Rousseff, unos pocos minutos antes de que se conociera el veredicto del Senado paraguayo contra Lugo.

Rousseff, quien encabezaba las sesiones plenarias de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20, que terminó ayer, había participado anteayer de una reunión de emergencia de los miembros de la Unasur para evaluar la sorpresiva movida del Congreso paraguayo.

Entonces, se decidió el envío a Asunción de una misión de cancilleres de la Unión de Naciones Sudamericana s, liderada por el secretario general, el venezolano Alí Rodríguez. Ayer, el grupo de ministros protagonizó una verdadera embestida diplomática que buscó, sin éxito, encontrar una salida negociada para que Lugo permaneciera en el poder.

"Para nosotros, hubiese sido importante una solución negociada, o que se respetara el derecho de defensa", apuntó la mandataria brasileña, quien recordó que al ahora ex presidente paraguayo le restaban apenas nueve meses en el poder, y que hubiese sido mejor "una salida menos traumática".

Desde la capital paraguaya, en tanto, el grupo de cancilleres de la Unasur -entre ellos, el argentino Héctor Timerman- emitió una declaración conjunta, en la que exigió el pleno respeto de las cláusulas democráticas del Mercosur, la Unasur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Los cancilleres consideran que las acciones en curso podrían ser comprendidas en los artículos 1, 5 y 6 del Protocolo Adicional del Tratado Constitutivo de la Unasur sobre compromiso con la democracia, configurando una amenaza de ruptura al orden democrático, al no respetar el debido proceso", indicaron los ministros de Relaciones Exteriores desde Asunción, en referencia al pedido negado de Lugo por tener más tiempo para preparar su defensa en el juicio político que le inició la Cámara de Diputados anteayer.

Las sanciones previstas por ese protocolo son la expulsión de la Unasur; el cierre parcial o total de las fronteras; la suspensión del comercio, el tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones; la provisión de energía, servicios y suministros.