Por Alberto Armendariz |

RIO DE JANEIRO.- El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cuyo país es un socio económico clave de Paraguay y pretende ejercer un liderazgo político en la región, se encuentra entre la espada y la pared frente a la destitución de Fernando Lugo. Por un lado, condena el proceso sumario que alejó a Lugo del poder, pero por otro no quiere impulsar sanciones fuertes que perjudiquen a la población y generen mayor inestabilidad en la región.

"La cautela de Brasil va a ser decisiva en la cumbre del Mercosur y la Unasur que se realizará en Mendoza . Dilma va a dejar en claro que lo que sucedió con Lugo es inaceptable; no se puede sentar este tipo de precedentes y hay consenso en eso. Al mismo tiempo, buscará evitar un castigo más allá de lo político, porque medidas económicas y comerciales afectarían mucho la economía de Paraguay y eso tendría efectos negativos no sólo para Brasil, sino para todo el Mercosur", señaló a LA NACION Paulo Vizentini, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre.

En una reunión con el canciller Antonio Patriota; el ministro de Defensa, Celso Amorim, y el asesor especial para asuntos internacionales Marco Aurelio García, Rousseff evaluó el lunes las posibles sanciones al nuevo gobierno paraguayo y adelantó que no tomará ninguna decisión en solitario, sino que será acordada con los otros mandatarios.

Ayer, en el Palacio de Itamaraty, fuentes diplomáticas indicaron que la dirección deseada por la presidenta sería una condena política de Paraguay, que implicaría una suspensión temporal de la nueva administración de Federico Franco de los foros regionales y ejercer presión para que ese gobierno adelante las elecciones presidenciales, previstas para abril.

"A nadie le conviene un embargo completo o duras medidas económicas que pueden agitar más a las partes en conflicto y desencadenar un enfrentamiento interno mayor en Paraguay, con el riesgo incluso de una guerra civil", advirtió por su parte Fernando Abrucio, profesor de la Fundación Getulio Vargas, en San Pablo.

Brasil tiene estrechos lazos comerciales, económicos, sociales y políticos con Paraguay. El año pasado, el comercio bilateral llegó a los 3000 millones de dólares; ambos países comparten la enorme represa hidroeléctrica de Itaipú, que provee de energía a casi todo Paraguay además de generar grandes ganancias por la venta del excedente no utilizado a Brasil (unos 360 millones de dólares por año); el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social brasileño tiene varios proyectos de inversión en suelo paraguayo, y unos 350.000 brasileños viven en territorio vecino, los apodados "brasiguayos", donde se dedican principalmente a la explotación agrícola y han disfrutado de la bonanza económica de los altos precios de la soja.

La economía paraguaya también depende de las importaciones de abonos y fertilizantes desde Brasil, así como el diésel de Petrobras, y varios políticos paraguayos se han exiliado en Brasil, desde el dictador Alfredo Stroessner hasta Lino Oviedo y Raúl Cubas.

"Irrespeto" y no golpe

Ya el fin de semana, representantes de los "brasiguayos" aplaudieron la salida de Lugo, a quien acusaban de promover las ocupaciones de los trabajadores sin tierra que amenazaban sus propiedades, y pidieron a Rousseff que reconozca al nuevo gobierno.

En Brasilia, en cambio, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) no dudó en calificar lo sucedido en Asunción como un golpe de Estado y exigió el restablecimiento inmediato del "gobierno legítimo de Paraguay". Aunque en el ambiente político brasileño no hay dudas de que lo que sucedió en Paraguay fue una anomalía reprobable, desde el ex presidente José Sarney (PMDB) hasta el ex mandatario Luiz Inacio Lula da Silva (PT) se negaron a hablar de un golpe porque obligaría al país a adoptar una postura mucho más dura que no está dispuesto a tomar.

"Es inútil que yo diga que fue golpe, porque ellos dicen que no fue. Creo que en la evaluación de la mayoría de los presidentes de América latina hubo irrespeto a la democracia porque no le dieron a Lugo derecho total a la defensa. Jamás he visto un juicio sumario en el que en 24 horas destituyeran a un presidente que tardó 60 años en ser elegido", dijo Lula, mientras que Sarney -hoy presidente del Senado- expresó su apoyo a una suspensión pero no expulsión de Paraguay del Mercosur.

"Creo que es una medida que tiene un sentido didáctico para evitar que asuntos de esta naturaleza que ocurrieron en Paraguay sucedan en otros países", señaló.

A la espera de las decisiones en la cumbre en Mendoza, en Asunción el nuevo director general paraguayo de Itaipú, Franklin Boccia, advirtió ayer que Paraguay podría dejar de vender el excedente de energía de la hidroeléctrica a Brasil (Paraguay sólo consume un 10% de su 50%). Sin embargo, el ministro de Minas y Energía brasileño, Edison Lobão, descartó una alteración al régimen actual y recordó que está regido por un tratado que sólo podría ser modificado si los Congresos de ambos países así lo aprobaran..