Que la bancada justicialista de senadores no tiene apuro para debatir sobre la Auditoría General de la Provincia en el año en que se renuevan todos sus miembros quedó claro en la sesión de ayer, en la que logró dilatar el tratamiento de un proyecto de ley de reforma y mandó a comisión un simple pedido de informe sobre las denuncias realizadas sobre el organismo de control.
“Después de diez años de vigencia, es oportuno comenzar a discutir de nuevo la ley de Auditoría, que vela para que los recursos de los salteños se usen de acuerdo a la normativa vigente”, sostuvo García en el recinto.
La intención de legislador es que el proyecto de ley sea tratado por ambas Cámaras antes de que en diciembre sean renovados cuatro de los cinco miembros del cuerpo y evite que sea nuevamente conformada por una mayoría oficialista, tal como viene sucediendo desde su creación en 2000.
Justamente, el Senado tiene que tratar ahora la aprobación de la propuesta de una comisión de Diputados para que el justicialista Oscar Salvatierra suceda al también justicialista Miguel Torino, lo que revela que el oficialismo aún desea conservar su predominio en la Auditoría.
Pero el justicialista Froilán Pedroza frenó la iniciativa de García. Argumentó que su proyecto debía tratarse en la comisión de Legislación General y que sólo una vez que hubiese directamente su bloque apoyaría la preferencia.
Similares argumentos utilizó el justicialismo para evitar la aprobación de un pedido de informes a la Auditoría General, propuesto por la radical Silvina Vargas, que pretendía datos sobre la cantidad de denuncias efectuadas por el organismo contra funcionarios y los juicios iniciados por la fiscalía de Estado por las actuaciones de Auditoría.
“Creemos que en la Comisión de Legislación General podemos enriquecer el pedido de informe”, volvió a señalar Pedroza, antes de anticipar el rechazo de su bloque al proyecto.
La postura no provocó demasiado entusiasmo en las bancadas opositoras. Vargas señaló que un idéntico pedido de informes había “muerto” en una comisión de Legislación General que presidía en su momento Fernando Yarade. “Voy a tener que lograr cuatro años más como senadora para ver que salgan estos pedidos de informes”, lamentó Vargas.
Enojo con Van Cauwlaert
Pero una nota enviada por el ministro de Educación Leopoldo Van Cauwlaert logró, después de tres cuarto intermedios, un trabajoso consenso entre oficialistas y opositores.
El senador Néstor Parra le había pedido al ministro un informe sobre las tareas de refacción en una escuela de Guahcipas. Van Cauwlaert le contestó que sólo respondía pedidos de informes que parten de las comisiones y del plenario, no de un legislador en particular.
El justicialista Gustavo Saénz rechazó los términos de la nota, y el renovador García propuso un repudio.
Ambos argumentaron que Van Cauwlaert no puede enseñar a los legisladores los procedimientos para pedir informes.
Vargas fue más allá, y puso ejemplos de la escasa educación con la que el ministro suele dirigirse a los legisladores.
“En una oportunidad me dijo en seco que me vaya, que se había terminado la reunión en la que también le pedíamos explicaciones sobre una escuela”, recordó la legisladora.
La propuesta de García puso en un brete a los oficialistas, que no podían dejar de solidarizarse con su colega de bancada Parra, ni tampoco querían enfrentarse abiertamente al ministro. Después de tres cuartos intermedios, los senadores aprobaron un proyecto de resolución que rechazó los términos de la nota del ministro, y lo invitó a una reunión el 3 de junio en el Senado.




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