Su parto fue saludado en todo el país, pero en sus 20 años de vida abundaron las amarguras. Enmendado en una veintena de oportunidades, el derrotero del Código Procesal Penal de Tucumán adoptado en 1991 expone la compleja tensión entre el control de la criminalidad y la vigencia efectiva de derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia.
El aniversario redondo de la adopción del CPPT por un momento despertó las ilusiones y miedos de la comisión reformadora, y sus inmensas ambiciones jurídicas desprovistas de la dolorosa vivencia de las limitaciones prácticas que sobrevinieron. Veinte años más viejos (o más curtidos por la experiencia), los redactores volvieron a verse a sí mismos realizando lo que hasta entonces había sido un sueño teórico: un código respetuoso de la libertad, del principio de inocencia y del debido proceso, y pionero en el reemplazo del sistema inquisitivo y escriturario por un esquema acusatorio y oral.
En aquella época fue una osadía mayúscula. Así lo recordaron Pedro Roldán Vázquez, José Vicente Muscará y José Ricardo Falú, todos integrantes de la comisión redactora, en el acto de conmemoración de los 20 años de esa empresa celebrado en agosto del año pasado, en un salón del Colegio de Abogados de la Capital. "Muchos pronosticaban una vida corta al CPPT", dijo el camarista Roldán Vázquez. "Apareció el juez de instrucción porque no nos animábamos a llamarle de garantías: era un salto demasiado grande en ese momento", dijo Falú, ex ministro de Gobierno y ex diputado nacional. "La reforma fue difícil de implementar", dijo Muscará, ex vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).
Y con ello puso el dedo en la llaga: el revolucionario y alabado CPPT enfrentó tropezón tras problema desde el momento en que comenzó a ser aplicado (para tener una idea de los tiempos que corrían, basta con mencionar que la publicación del digesto coincidió con el debut de la informatización de los Tribunales provinciales). Para empezar, escasearon la capacitación judicial, los medios para adaptar la infraestructura del esquema escriturario a las necesidades del juicio oral, y la designación de nuevos magistrados y fiscales. En 1994, el entonces fiscal Eudoro Albo (hoy vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción) sentenció: "los sistemas de contención del delito están rebasados, no por mal funcionamiento sino por insuficiencia de estructura".
En paralelo, aumentaron la densidad demográfica, el descrédito de la Justicia y la sensación de inseguridad (alimentada a principios de este siglo por casos como el homicidio de Axel Blumberg). Paulatinamente, la arquitectura armónica del CPPT cedió ante el reclamo social afín a la "mano dura". En 20 años, los legisladores sometieron al código a una veintena de reformas parciales. Cada lifting fue más polémico que el anterior (el injerto de 2007 superó en controversia al de 2004 y este recibió mayores críticas que el de 1998). Y la percepción de la falta de seguridad siguió creciendo desbocadamente.
El quid
"El CPPT nunca se implementó", resumió tristemente Ángela E. Ledesma, vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal e integrante de la comisión redactora de 1991. En una mesa panel compartida con el procesalista Alberto Binder durante el acto de conmemoración del vigésimo aniversario del digesto, la camarista expresó que la Justicia de Tucumán puso en vigencia una oralidad bastante mezquina y una investigación penal preparatoria demasiado ritualizada. "El Ministerio Público Fiscal, además, no fue dotado de una adecuada organización. Y allí nos hemos quedado, como estancados. No tenemos estadísticas sobre cómo funcionan la investigación, la flagrancia y la prisión preventiva, y no sabemos cuántos casos llegan a juicio oral. Si no medimos lo que estamos haciendo, no podemos hacer ajustes. La mayoría de las reformas al CPPT estuvieron sólo dirigidas a endurecer la coerción personal", criticó.
Acto seguido, Ledesma bregó por recuperar la oralidad (sobre todo en la discusión de la prisión preventiva) y por adoptar el paradigma de la gestión judicial: "para que el esquema oral funcione, necesitamos jueces disponibles. No podemos ocuparnos de problemas que nos roban tiempo y nos impiden cumplir con nuestra indelegable función: la toma de decisiones".
El tiempo también es central para Binder, experto en Sistemas Judiciales. "Podemos pedir al ciudadano que no haga justicia por mano propia, que confíe en los Tribunales la determinación de la responsabilidad penal, pero no podemos exigirle que entienda la demora de tres o cuatro años para celebrar un juicio oral", razonó el panelista.
Y en una intervención sin desperdicio, reseñó la lucha bicentenaria (desde la Asamblea de 1813 hasta la actualidad) por dejar atrás la pesada tradición procesal heredada del absolutismo monárquico español. "El CPPT fue un soplo de aire fresco... 20 años después vemos que las provincias se han ido sumando al modelo acusatorio (régimen sancionatorio que impone a quien acusa la carga de probar las imputaciones delictivas para destruir la presunción de inocencia) pero en estos 20 años también hemos descubierto que la superación de la tradición inquisitorial no es tan sencilla como parece", explicó.
El quid es que, si las reformas se abandonan a su suerte, la sociedad y los operadores terminan consagrando un mecanismo mixto. "La construcción de un sistema penal eficaz es la batalla más difícil. ¡Es tal la red de burocracia, de desidia, de privilegios, de corruptelas..! Hay una gran maraña que no podemos desenredar. La Argentina no se toma en serio esto. ¿Estamos esperando la organización de mafias, maras y sicarios para resolver el asunto?", cuestionó Binder.
El procesalista atacó asimismo la instalada tesis de que los males de la Justicia penal (y de la Justicia en general) obedecen a la presión de los medios de comunicación y de una sociedad fascista, y a la incapacidad del poder político. "El gran problema que hay que desmontar y que está vigente desde hace 200 años es la configuración del aparato judicial y su adhesión a la intoxicante ideología del trámite", advirtió con tono desafiante.
El reto es inmenso y apremiante. En lo inmediato, plantea una altísima valla para el proyecto de enmienda amplia al CPPT que el presidente de la CSJT, Antonio Estofán -presente en el acto de conmemoración de los 20 años del digesto-, se propone presentar durante 2012.
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