Durante la entrevista con esta corresponsalía, reveló que "en algún momento", la familia planteó un resarcimiento económico, que tuvo sentencia en primera instancia, pero resolvió rechazarla. "Creemos que es ínfima, irrisoria", la suma de dinero con que la Justicia pretendía compensar a los deudos de la víctima de un crimen que todavía permanece impune.

Pérez prefirió no revelar la cantidad de dinero que daba esa sentencia, pero reiteró que "es ínfima y más aún con la gravedad del suceso y los daños que produjo a la familia".

"Esperamos que la Justicia readecue esa sentencia y la haga significativa", dijo con referencia a la medida recurrida.

El reclamo está dirigido hacia el Juzgado Civil 3, a cargo de Guillermo Salas. Aunque el querellante admitió que "coincidimos con el argumento jurídico, que es muy concreto en determinar la responsabilidad del Estado en esto. Es tan contundente por un lado, pero al momento de traducirlo en un significado económico, es irrisorio", reiteró Pérez.

Enfoque parcial.

Pérez pudo actuar hasta el fallecimiento de la mamá de Juan Carlos Canale. Luego quedó impedido de continuar como querellante. "Hasta ese momento yo intervine en la causa penal, donde vi una falencia investigativa, porque no se abrió la investigación hacia todos los puntos que debiera haberse hecho desde el inicio".

"Se hizo un enfoque parcial de la investigación, enfocando solamente a una de las partes posibles responsables, dejando de lado a la otra de las partes", señaló.

Reseñó que si no se abre el abanico investigativo, "termina siempre en un fracaso", porque si se quiere investigar nuevamente lo que no se investigó, a veces procesalmente es tarde". Aunque lo pidieron, no obtuvieron una respuesta satisfactoria.

"El hecho más grave de todos, que es la muerte de Juan Carlos Canale queda impune, porque no se sabe quiénes fueron los autores materiales de ese hecho", acentuó y volvió a recordar que si una persona muere en una comisaría a golpes y no se puede encontrar al autor material, "no hay menos que decir que la investigación fue un fracaso". No obstante alentó que si se abre el jury "serán los participantes los encargados de determinarlo" (ver aparte).

Horacio Canale, vocero de la familia, infirmó que al cumplirse diez años del crimen de su hermano "seguimos en la lucha. Además, adelantó que prevé reunir hoy a las 20 a los familiares y amigos en una misa que se rezará en la parroquia La Inmaculada.

"Creo que ha pasado mucho tiempo, pero tengo confianza y fe tremenda que vamos a encontrar a los autores, que serán juzgados y condenados como corresponde" y como nuevo adherente a la confesión Evangélica, confía que por la voluntad del Supremo "nadie se va a escapar".

Quedó conformado el jury del caso Canale

El jurado de enjuiciamiento del caso Canale quedó conformado ayer cuando el abogado piquense Guillermo Darío Alasia, que había sido sorteado como suplente, aceptó ocupar el lugar de la titular María Sofía Santiago de Trucco, de Realicó, quien se había excusado de integrar el cuerpo por razones de salud. Además, el Colegio de Abogados había informado que ella tenía la matrícula cancelada.

Una vez resuelta esa situación, el jury sesionó por primera vez y resolvió pedirle a la justicia los expedientes donde están involucrados los funcionarios denunciados por la Comisión de Familiares de Víctimas Indefensas de la Violencia Social, Judicial e Institucional (Cofavi), a través del patrocinio del abogado Omar Gebruers.

La resolución fue adoptada por el presidente Tomás Mustapich, a su vez titular del Superior Tribunal de Justicia; los diputados Silvia Larreta (PJ) y Martín Berhongaray (Frepam) y los abogados Soledad Nieves y Alarcia. Además se dispuso que el martes sea la próxima reunión.

Los denunciados por presunto mal desempeño en el caso Canale son los jueces de General Acha, Alvaro José Reyes y Manuel Alvarez y los fiscales actuantes Pablo Balaguer (hoy juez del Tribunal de Impugnación Penal) y Hugo Luis Vercellino (actual defensor general).

Si la presentación llegase a ser admitida, uno de ellos, Reyes, zafará del proceso. ¿Por qué? Porque pidió acogerse al beneficio del retiro especial o anticipado, y el gobernador Oscar Mario Jorge aceptó la solicitud a partir del 1 de octubre. Un detalle: ese mismo día se sortearon los dos abogados por la matrícula, o sea que se sabía de la denuncia y del jury.

De esta manera, el mandatario volvió a actuar de la misma forma que lo hizo con el juez del TIP, Gustavo Adolfo Jensen, cuando le dio curso a su retiro y permitió que evitara el juicio oral y público que debió afrontar su colega, Carlos Flores, por el otorgamiento de la figura del avenimiento en el caso de Carla Figueroa.