En tanto, el oficialismo no firmó ningún despacho y objetó el dictamen de mayoría promovidos por el radicalismo, el PRO y Coalición Civica, denominados Grupo A, por considerar que no cumplen con la Ley de Administración Financiera.

El otro dictamen de minoría fue impulsado por la bancada Proyecto Sur, que conduce el dirigente porteño, Fernando “Pino” Solanas.

La decisión se adoptó en el marco de un plenario de la Comisión de Presupuesto, en cuyo transcurso el oficialismo y la oposición mantuvieron un extenso debate, sobre el aumento del 82 por ciento móvil que promueve la oposición

No obstante, el bloque del Frente para la Victoria destacó el dictamen de minoría, redactado por el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, quien, a diferencia del Grupo A, incluyó en su despacho mecanismos para solventar el 82 por ciento móvil. El proyecto de mayoría establece que la jubilación mínima deberá ser equiparada al salario mínimo vital y móvil (1.230 pesos) e impulsa una recomposición de los haberes en base a lo establecido por la Corte Suprema en sus últimos fallos.

Según ese dictamen la movilidad jubilatoria estará “atada al índice de salarios o RIPTE, de acuerdo con la Constitución Nacional, que establece que los haberes son sustitutos del salario”, explicó la diputada informante de la Coalición Cívica Fernanda Reyes.

El diputado nacional Claudio Lozano, autor del dictamen de minoría, manifestó por su parte que el aumento a las jubilaciones debería combinar “lo que percibe la mayoría y lo que se define como una canasta mínima” y advirtió que “ocho de cada diez jubilados cobran el haber mínimo”.

El dictamen de minoría incorpora dos fuentes de financiamiento: la “restitución de las contribuciones patronales (la fórmula utilizada hasta 1993), que en un principio sólo se aplicaría a las grandes firmas, y el superávit del Fondo de Garantía”, según explicó Lozano.

El oficialismo cuestionó a los opositores del denominado Grupo A por haber votado “en contra de la estatización de los haberes jubilatorios y ahora promover un aumento del 82 por ciento móvil”.

Escandaloso fracaso en Diputados

Un auténtico escándalo se vivió ayer por la tarde en la Cámara de Diputados de la Nación, luego del fracaso de la sesión que iba a tratar la media sanción de la Ley de Protección de Glaciares y ambientes periglaciares, una norma que ha generado mucha polémica, tras el veto a sangre fría de la presidente Cristina Fernández de Kirchner en noviembre de 2008.

Lo curioso del caso fue que debido a varias ausencias de opositores que se cayó el tratamiento de la Ley, lo que disparó pases de factura e insultos entre los diferentes bloques del antikirchnerismo.

El clima de la sesión estuvo enrarecido desde un primer momento. Entre los diputados opositores se miraban los rostros sin entender algunas ausencias, mientras los minutos pasaban.

Otros parlamentarios, aliados del kirchnerismo, caminaban por el recinto y sus pasillos, hablaban por celular y amagaban con sentarse (o no).

El bloque del Frente para la Victoria, por su parte, acató en unanimidad la orden de no bajar a debatir: congelar la discusión era su premisa, dejando a la oposición toda la responsabilidad de motorizar el comienzo de la sesión. Entre los aliados del oficialismo “hubo una jugada” para evitar dar quorum. Alfredo Olmedo, Eduardo Kenny, Cristina Regazzoli y Roberto Robledo estaban dentro del recinto, pero no se sentaron en sus lugares.

Tras el levantamiento de la sesión por falta de quórum se produjo un fuerte cruce entre Miguel Bonasso, promotor de la ley y presidente de la Comisión de Recursos Naturales, y la diputada de FORJA, aliada K, Silvia Vázquez, que no se sentó en su banca y prefirió encabezar en el Salón de Pasos Perdidos una conferencia con representantes de pueblos originarios.

Postergan debate sobre el impuesto al Cheque

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió ayer postergar el debate sobre la derogación del Artículo 3 de la Ley de Competitividad, a partir de un acuerdo entre el oficialismo y parte de la oposición.

El artículo que se pretende derogar corresponde a la Ley de Competitividad impulsada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo en 2001, durante el gobierno de Fernando De la Rúa.

El texto que estudia la comisión para su derogación establece que el impuesto a aplicar sobre los créditos y débitos en cuentas corrientes bancarias sea utilizado “para la creación de un Fondo de Emergencia Pública que administra el Poder Ejecutivo con el destino de recuperar el crédito público y la competitividad de la economía dándole prioridad a las PYME”.

La presidente de la Comisión, Graciela Camaño (Bloque Peronista Federal), intentó pasar a la firma el proyecto de ley, pero el oficialista Alejandro Rossi frenó esa intención enviando el texto a los asesores.

Oficialismo impugnó tratamiento del INDEC

El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria Agustín Rossi, calificó de “bochornosa” la aprobación de un dictamen para reformar el INDEC y acusó a la oposición de “hacer trampa una vez más”.

En una conferencia de prensa ofrecida ayer a la tarde, Rossi anunció que su bloque impugnó ante la presidencia de la Cámara baja el dictamen aprobado ayer por la comisión de Comercio, por considerar que contiene “graves irregularidades de procedimiento”.

Entre otros puntos, el kirchnerismo acusó a la oposición de emitir un dictamen del ex diputado Luis Galvalissi distinto del presentado originalmente por el legislador, y aseguró que la iniciativa no fue girada a las comisiones correspondientes.

También acusó al diputado Héctor Del Campillo (UCR) haber “usurpado facultades que no le son propias” ya que luego de la renuncia del diputado Guillermo Pereyra a la presidencia de la Comisión de Comercio “no se respetó el reglamento” que adjudicaba ese puesto a un miembro del bloque oficialista.

Fernández insiste con los “palos en la rueda”

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró ayer que la oposición no concurrió al recinto porque “no tenían el número” y señaló que lo que hacen es “poner palos en la rueda a la gestión del Gobierno. La oposición no fue al recinto porque no tenían el número y si lo hacían perdían el tema hasta el año que viene, por eso decidieron que entre por Diputados”, dijo.

Agregó que en Argentina hoy existe una relación entre activos y pasivos de 1,6 cuando varias décadas atrás era 7 a 1, lo que permitía que el sistema funcionara y explicó que por ese motivo es necesario “definir una estrategia”.

Consideró que lo que está haciendo la oposición al defender el 82 por ciento móvil es “tomar el pelo a los jubilados, sacando una ventaja politiquera, quedando como los grandes generosos que dan el 82 por ciento”.

Según dijo, el Gobierno lo que está haciendo es “administrar con responsabilidad para pagarle siempre y con aumentos a los jubilados, como lo viene haciendo hasta ahora, con movilidad dispuesta por ley”.