USHUAIA.- La jueza de instrucción penal María Cristina Barrionuevo sobreseyó a los nueve funcionarios y ex funcionarios en el marco de la causa donde se investigaba el presunto desvío de fondos destinado a los créditos CRECE y el supuesto faltante de 64 millones de pesos de dicha cuenta que, a entender de la Justicia, su faltante no fue corroborado.

La semana pasada los defensores fueron notificados de que sus asistidos fueron sobreseídos, aunque resta saber si el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, formaliza un recurso de apelación ante la resolución o bien consiente los términos desincriminantes de la misma.

La causa se inició en 2009 a partir de una denuncia que formularon los legisladores Roberto Frate, Ricardo Wilder y Luis del Valle Velázquez con el objeto de que se determine el destino incierto de varios millones de pesos pertenecientes a los fondos CRECE.

En la causa estaban sospechados el ex secretario de la Producción, Alejandro Fabián García (durante la gestión Cóccaro) y el actual Fabio Delamata. Ambos habían sido sobreseídos anteriormente pero la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones revocó el decisorio de primera instancia.

Luego fueron indagados los ex ministros de Economía, Julio Del Val, Raúl Berrone y Eugenio César Sideris. Los ex tesoreros Generales, Andrea Ontoria, Raúl Iglesias, Andrés Bronzovich, y Christian Ruiz (actualmente ministro de Economía).

En la causa se trataba de determinar el destino del Fondo Social de Reactivación Productiva creado por la Ley 616 y créditos otorgados en el marco del Programa CRECE.

Lo cierto es que en la causa el ex tesorero, Andrés Bronzovich, denunció al asumir el faltante de más de 64 millones de pesos que vendrían de arrastre de 2007. El hecho fue denunciado pero no fue investigado por la Justicia.

En la causa se menciona que el 28 de febrero de 2007 el Ejecutivo dictó el decreto 663/07 a partir del cual se modificó la operatividad del sistema que se venía utilizando. En la misma sintonía el Ministerio de Economía dicta la resolución 299 mediante la cual se permite que residuos financieros o saldos de cuentas corrientes sean transferidos a la Cuenta Única del Tesoro (CUT). De esa manera se permite que saldos de cuentas de fondos con afectación específica pasen a formar parte de la cuenta única del tesoro y ser destinado al pago de gastos corrientes, principalmente de sueldos a los estatales provinciales.

Según la normativa administrativa, los mismos deben reponerse a su cuenta original, algo de lo que muchos dudan esté sucediendo desde hace por lo menos cinco o seis años en la provincia.

Sostiene además la resolución que entre mayo y junio de 2007 en su paso por el Ministerio de Economía, el contador Julio Del Val emitió la resolución 787/07 mediante la cual elevó al 100% el límite porcentual del FUCO. Fue una de las acciones más cuestionadas en la extensa y fundada resolución de la jueza Barrionuevo.

Al respecto sostuvo la Jueza que «la sanción de esta norma implica, siempre en la óptica del perito oficial, la adopción de un esquema sofístico de redacción del acto administrativo tendiente a eliminar toda restricción a la utilización de los fondos públicos, con total independencia de su naturaleza y origen».

Barrionuevo cuestionó el accionar de Del Val al sostener que haber establecido el 100% de utilización de fondos posibilitó «la caprichosa utilización» de fondos por parte de los políticos de turno. No obstante aclaró que dicha resolución no tuvo «cuestionamientos por parte de los organismos de contralor» manteniéndose inalterable hasta la actualidad.

Lo cierto es que, al no haberse probado el faltante de fondos, los nueve imputados fueron sobreseídos de los cargos que se le imputaban.