Dictarán la emergencia urbanística, nulidades y compensación comunitaria

Aún en receso legislativos los concejales del oficialismo y la oposición están trabajando en un proyecto de ordenanza que busca una salida a la caótica situación producida en nuestra ciudad como consecuencia de la gran cantidad de excepciones a los códigos de edificación que se aprobaron en los últimos años para construir edificios fuera de las normas vigentes.
El caso más emblemático constituye el fallo que la Corte de Justicia produjo el 22 de junio último declarando la nulidad de una ordenanza de excepción sancionada por el Concejo Deliberante (Ordenanza 13.555) que otorgó excepciones a los planos presentados por la empresa Efevede para una obra en el pasaje Mollinedo, en el que se ordenó también la paralización de la obra hasta que la empresa reformule el estudio ambiental de conformidad a la totalidad de la normativa vigente y el municipio lo analice y apruebe de acuerdo a sus facultades.

En este la Municipalidad había rechazado los planos, pero la empresa acudió al Concejo Deliberante y obtuvo las excepciones que buscaba.

El nuevo secretario de Planeamiento Municipal habría aceptado en estos días, una propuesta de los concejales del Frente Salteño, del PPS y la UCR y el PRS para llevar adelante un proyecto de ordenanza que contempla básicamente la declaración de la emergencia urbanística y ambiental para las obras con excepción construidas de cuatro años a esta parte, la nulidad de las excepciones otorgadas por las comisiones CASA, CAT, por Ordenanza y desde la secretaría de Planeamiento.

En este sentido se señaló que se habrían detectado proyectos de obra con excepción y post datados, es decir con excepciones anteriores a los nuevos códigos.

La ordenanza propondría también la readecuación de las obras terminadas y las que están en ejecución y con planos aprobados pero sin iniciar, siempre y cuando se compruebe que tengan alguna excepción otorgada y finalmente introduce el concepto de compensación comunitaria.

En este sentido la idea es plantear a las empresas a las que se compruebe daño ambiental la realización de obras en beneficio de la zona afectada o cualquier otra zona de la ciudad.

Una comisión de concejales y funcionarios del Ejecutivo analizarían los expedientes y vigilaría la aplicación de la nueva ordenanza.

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