La resolución, emitida ayer por el Ministerio de Trabajo de la Nación, obliga al Ejecutivo provincial y a la Asociación Bancaria a sentarse a negociar durante 15 días una salida al conflicto iniciado en octubre.
Durante ese plazo las partes deberán sentarse a negociar una salida al conflicto iniciado en octubre a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo de reemplazar por títulos públicos 172 millones de pesos del Fondo de Garantía de Seguros que la CPA tenía depositados en la banca privada.
La conciliación obligatoria establece que durante los 15 días hábiles de su duración las condiciones deberán retrotraerse al estado previo al inicio del conflicto, el 9 de octubre pasado, cuando la Legislatura aprobó la ley que autorizó el reemplazo de los fondos de la CPA por Letras de la Tesorería.
En este sentido, la cartera laboral intimó "a la entidad sindical y, por su intermedio, a los trabajadores involucrados, a dejar sin efecto durante el período indicado toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual". Del mismo modo, la resolución emitida por el Ministerio de Trabajo nacional conmina a la Intervención de la CPA "a abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal representado por la AB ni con ninguna otra persona, en relación al diferendo planteado". En este sentido, el interventor de la entidad crediticia estatal, Armando Cortalezzi, no podrá concretar el descuento de haberes por el día no trabajado durante el paro que convocó la AB en la CPA el 30 de noviembre.
La conciliación obligatoria fue resuelta ayer durante una audiencia de la que participaron la CPA, a través de sus abogados Sergio Barnes, Daniel Lahaye y Alejandro Torres, y la AB, representada por: el secretario adjunto del gremio en Tucumán, Rubén Moisello, los delegados de la Sucursal Buenos Aires, Francys Rojas y Diego Peralta, y los apoderados del sindicato en el plano nacional Luis Alsina y Mariana Lorenzo.
El Ministerio de Trabajo le dio la razón a la AB y se declaró competente para mediar en el conflicto, rechazando el planteo de la CPA, que entendía que la situación debería ser encaminada por la Secretaría del área de nuestra provincia, por considerar al personal de la entidad como empleados públicos y no como bancarios.
En la audiencia de ayer, la AB reclamó "que la CPA se abstenga de continuar utilizando los traslados, rotaciones, quite de horas extras, quite de categorías, y cualquier otra en forma de sanción encubierta a los dirigentes de la Comisión Interna y la Bancaria, a sus militantes y adherentes".
Además, solicitó que "se retrotraiga la situación a la existente antes del inicio del conflicto, el 9 de octubre, dejando sin efecto los traslados y rotaciones compulsivos, la quita de ascensos, se paguen las horas extras efectivamente realizadas, se retire la seguridad privada - patovicas-, mecheras y barras bravas que se encuentran tanto en las inmediaciones como en el interior de casa central de la entidad".
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