Las últimas críticas del secretario de Gobierno de la comuna, Hugo Borelli, al estudio realizado por la comisión de Usuarios Testigos y a la ordenanza elaborada por el CD referida a los subsidios a las empresas del transporte público, generaron divisiones entre los vecinos que usan el servicio, los ediles y el Ejecutivo.

Así lo destacó ayer el concejal radical Oreste Retta, quien sostuvo que dichas palabras generaron un retroceso en las relaciones.

"Ahora, en vez de buscar una alternativa amigable entre todos, el Ejecutivo deberá formular propuestas y si para Borelli se le debe aumentar el pasaje al usuario, que el intendente lo haga por decreto. Ni el Concejo ni los usuarios están dispuestos a darle un aumento a las empresas que no cumplan", señaló.

Borelli relativizó la evaluación realizada por los Usuarios Testigos por considerar que carecía de rigor científico, a la vez que consideró erróneo el texto de la ordenanza que ordena los subsidios.

Retta opinó que "nadie le cree a Borelli cuando afirma que el nivel de cumplimiento de las líneas de ómnibus fue superior al 90 por ciento".

"El Ejecutivo nos envió la cantidad de infracciones cometidas por cada línea, pero necesitamos saber qué tipo de faltas se cometieron, porque entendemos que no ha sido muy eficiente en el control.

"Informó que en 20 días se hicieron 540 multas, la misma cantidad que se hicieron en ocho meses del año pasado. Queremos analizar esto y, por eso, reclamamos lo que solicitamos por ordenanza. No obstante, que Borelli diga que las líneas cumplieron con las exigencias en más de un 90 por ciento, no tiene sentido", enfatizó.

Bibiana Dicek, integrante de la comisión de Usuarios Testigos dijo que a raíz del descrédito que los vecinos recibieron por parte del Ejecutivo, dejaron de realizar el gran esfuerzo de controlar los horarios de salida de cabeceras de todas las líneas, desde el inicio de este mes.

"Nosotros no nos metemos en la definición de la tarifa. Nos limitamos a hacer el informe y presentarlo. Pero, más allá de lo que dijo Borelli sobre nuestro trabajo, vamos a seguir, porque el problema del transporte público no está solucionado.

"En realidad, no tenemos mucha relación con el Ejecutivo, salvo con Saúl Figueroa --director de Gestión Pública--. Lo que vemos como usuarios es que desde el Ejecutivo se está negando o minimizando el problema, que existe y es importante. En la medida de que no reconozca el inconveniente, no lo va a poder solucionar", opinó la vecina.

Sin la tarea desarrollada por los usuarios, los concejales deberán cotejar con otros registros los resultados de los controles hechos por el Ejecutivo, para poder definir los subsidios con mayor certeza.

Más allá de este distanciamiento, mañana podría realizarse una reunión entre los usuarios y Borelli.

Más subsidios

Ante este panorama, el concejal radical Oreste Retta expresó que es necesario votar una ordenanza que establezca una política de subsidios para el transporte público durante el corriente mes, habida cuenta que no considera justo que se le trasladen costos al usuario, en lo inmediato.

Una de las posibilidades que baraja la oposición es prorrogar la norma que rigió para mayo, cuando la comuna se comprometió a pagar la ayuda en función de los niveles de incumplimiento registrados en cada línea.

"En junio sólo se dará continuidad a los subsidios tal cual rigieron para mayo, es decir, hasta 30 centavos por pasajero, manteniendo un boleto de 1,80 pesos a los usuarios", adelantó.

El edil comentó que el CD aún no definió el dinero que deberá pagarse a Plaza, Mayo y Rastreador Fournier en carácter de subsidios del mes pasado, ya que el Ejecutivo no le envió los resultados de los controles realizados en los horarios de salida y la cantidad de unidades en circulación y en reserva.

Esos datos serán volcados a la escala de porcentajes de incumplimiento, dividida por líneas, para conocer cuánto se deberá abonar por cada pasajero transportado.

Retta manifestó que para continuar con los subsidios es necesario tener una percepción real del incumplimiento.

"Hoy por hoy, ni siquiera estamos controlando todo lo que se indica en el pliego, como el estado de las unidades o las frecuencias en el centro. Lo único que le estamos pidiendo es que salgan a horario de las cabeceras", comentó.

Traslado

La posibilidad de desfinanciar las cuentas municipales a partir del pago de subsidios no previstos, fue el argumento del que se valieron los ediles oficialistas para plantear la necesidad de aumentar la tarifa. Este punto también es confrontado por la oposición.

"Borelli dijo que registraron 540 multas, que oscilan entre 1800 y 3500 pesos, en 20 días. Esto nos da unos 940 mil pesos de subsidios. En este concepto se pagaron en abril cerca de 300 mil pesos y si se le tuviera que abonar a todas las líneas, serían 700 mil pesos, una cifra que quedaría por debajo de lo recaudado por las multas", expresó.

Acerca de si la aplicación de muchas multas, tal cual es su previsión, puede hacer que termine por no resultar rentable la explotación de algunas líneas para las prestadoras, el concejal opinó que "si no se ponen nuevas unidades en circulación, nunca podrá cumplir el servicio ni tener rentabilidad".

No obstante, al considerar que las multas de 2010 posiblemente se estén cobrando el próximo año, Retta sostuvo que el financiamiento inmediato podría provenir del pago de la tasa de Seguridad e Higiene por parte de las mismas prestatarias.

"En el presupuesto de 2009 se había contemplado la incorporación de un tercer juez de faltas y no sólo no se concretó sino que quedó sólo uno. Es una suma de ineficiencias", explicó a la hora de explicar las demoras en el cobro de las infracciones.

No obstante, afirmó que lo que genera el desfinanciamiento en las empresas de colectivos es la demora en los pagos de los subsidios por parte de la comuna, algo generado por el propio Ejecutivo, que aún no envió al CD los resultados de los controles referidos a mayo, a fin de que se definan los aportes de ese mes.

"Hay líneas a las que se les debería retirar el servicio"

"Ya lo hemos dicho desde el bloque: algunas líneas están en condiciones de que se les retire el servicio", resaltó el edil radical Oreste Retta, en base al alto nivel de incumplimiento registrado en los últimos meses por parte de las firmas Plaza y Mayo, en varias de las líneas que tienen en concesión, como la 506 o la 503.

El concejal consideró que se puede dar de baja la concesión de una línea si las faltas están debidamente documentadas.

"Es una decisión que puede tomar el Ejecutivo y convalidar el Concejo Deliberante", destacó.

"Sucede que cuando se elaboró el nuevo sistema de ómnibus, se sostuvo una premisa falsa, basada en que iba a aumentar la cantidad de pasajeros y que se mantendría la misma tarifa porque el sistema iba a ser mucho mejor, y por eso se llegó a esta situación. Hoy hay menos pasajeros, algunas líneas funcionan mal y existe la necesidad de aumentar la tarifa", destacó.

No a Eycon

El concejal Raúl Ayude (Integración Ciudadana) expresó que representantes de la empresa Eycon, que brindará el servicio de tarjetas recargables para el pago de los boletos, no asistieron a una reunión convocada por la comisión de Defensa al Consumidor del CD, por decisión del Ejecutivo.

El edil dijo que no se le brindó el nombre del funcionario que impidió el encuentro. Asimismo, indicó que el motivo de la charla era conocer el funcionamiento del sistema que reemplazará al tarjebus y dilucidar la capacidad de control que ofrece, basado en el posicionamiento satelital de las unidades que integran el servicio de transporte público de pasajeros.