Neuquén > El jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Lepen, consideró ayer que la seguridad pública no se verá afectada porque los vigiladores de empresas privadas puedan portar armas y destacó que la nueva legislación tiene como autoridad de aplicación a la Secretaría de Seguridad que “regulará los objetivos que estarán armados”.

Lepen destacó que aún falta la reglamentación de la ley, que el jueves pasado tuvo la aprobación en general, y supuso que la Policía “podrá hacer aportes”. “Creería que se nos va a pedir una opinión para definir en qué casos se puede portar armas y en cuáles no”, agregó el funcionario.

El funcionario recordó además que las personas que vayan a portar armas deben pedir la autorización ante el Renar y que ese registro les pide un examen psicológico y garantiza la idoneidad para esta tarea.

“Actualmente algunas agencias que transportan valores ya usan armas y no estaban regularizadas, con lo cual esto va a normar lo que estaba irregular”, consideró Lepen, quien destacó que los vigiladores deberán tener capacitación e idoneidad del manejo de armas de fuego.

El jefe de la Policía provincial aseguró que esta nueva legislación no generará que “indiscriminadamente todos salgan a buscar el resguardo de vigiladores privados”. “Es la Secretaría de Seguridad que autorizará o no quién va a portar armas y cuáles son los objetivos que estarán autorizados. No es que alguien pone un negocio y sí o sí va a tener seguridad privada”, dijo.

“Va a estar restringida al máximo la portación de armas. Nosotros también somos el órgano que controla las agencias de seguridad privada y veremos a cada uno de los vigiladores en qué situaciones está portando”, expresó Lepen.

Mirada federal

Aquiles Gorini, presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada, Caesi, aseguró que “prácticamente en todos los países de Latinoamérica se habilita a los vigiladores a portar armas, con excepción de Chile”.

“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Ley Nº 1913 y en la provincia de Buenos Aires la Nº 12297 que prevén la posibilidad de estar armado, con diferencias en los requerimientos para portarlas”, explicó.

Gorini remarcó que las personas que vayan a portar armas deberán contar con la autorización del Renar además de la de la autoridad de fiscalización, que en algunas provincias es la Policía y en otras los ministerios de Seguridad.

“En todo el país prácticamente se usa, lo que pasa que algunas provincias no lo tienen regulado. Con lo cual lo que pasa en Neuquén no es un acto de excepcionalidad, sino que se está regulando algo que ya se hace y no hay que alarmarse porque viene con mucho control”, consideró.

Gorini aseguró que la seguridad privada está creciendo “mucho en todo el mundo”. “A nivel mundial el último año creció en un 11 % y en Latinoamérica creció un 7 %”, indicó.

“Hay una tendencia en el mundo, es que esta es una actividad privada pero de alto interés público, más que nada cuando está creciendo tanta la inseguridad”, manifestó el presidente de Caesi, quien además comentó que están trabajando en un proyecto para crear una ley federal que regule esta actividad.

OPINIÓN

¿Para quién las armas?

Por GABRIEL RAFART (*)

Las armas son instrumentos para lastimar o matar. Su presencia en la vida social está destinada no a la disuasión como sugieren sus defensores, sino a incrementar la actual dosis de miedo y violencia. A pesar de todo ello, las armas están. Sobre todo las de fuego. ¿Quiénes deben portarlas? En el mundo militar, el soldado. En el universo civil: el policía del Estado. Y estos últimos, no en todas las ocasiones. Aun así, es el Estado el regulador y portador de armas. Así son las cosas y así deben seguir. Será así sobre todo frente al crimen organizado.

Desde hace unos años en el país es regla que aquellas acciones destinadas a contener o canalizar la protesta social sean realizadas por contingentes policiales sin armas de fuego. Muchas vidas se han salvado bajo esta nueva directriz del Estado. Es cierto que esta fórmula no siempre es respetada por las fuerzas policiales. Pero también es cierto que quienes menos la respetan son aquellos actores civiles que cuentan con permiso para portar armas y concurren con ellas a eventos públicos de alta conflictividad.

A contramano de ese proceso de autocontrol estatal de las fuerzas represivas, la Argentina cuenta con un imaginario favorable a un ciudadano “sheriff”. También, la ilusión acerca de que la llamada seguridad privada debe contar con las herramientas adecuadas para cumplir con sus fines. O sea, debe ser libre de llevar armas.

Más grave aún es que el esfuerzo del legislador esté dedicado a poner en manos de esos actores privados de la seguridad armas letales. El proyecto en discusión y parcialmente aprobado en la Legislatura neuquina en el día de ayer va a contramano no sólo de aquella política de las fuerzas federales y otras provinciales, también de aquellos programas en marcha destinados a sacar las armas de los domicilios y proceder a su destrucción.

Esta iniciativa menos puede ser considerada cuando el legislador ha sido motivado exclusivamente por su “voz común”. Aún cuando entre sus promotores estén dedicados abogados penalistas conocedores de las consecuencias humanas del protagonismo de las armas de fuego. Eso no los hace conocedores de una temática que merece un debate dedicado, profundo, con presencia de especialistas. Y en esto la Argentina ya cuenta con suficiente saber acumulado para entender que entregar armas al agente privado sólo sirve para una cultura “militarista”. Legalizar este uso en ámbitos donde no haya una caja fuerte con dinero que defender -industrias, comercios, barrios cerrados, etc- es una apuesta al deseo de defender territorios y propiedades de manera violenta.

No sólo vale la pregunta acerca de quién debe tener la armas. Muchas empresas de vigilancia privada cuentan con excepciones y por ello, con su propio arsenal. En general, estas han sido funcionales o en todo caso un recurso extra del universo policial para la etapa de retiro del alto funcionario. ¿A estos intereses sirve esta iniciativa?

(*)Docente en la Licenciatura en

Criminología y Ciencias Forenses.