Mendoza dio la muestra más grande de movilización social de las últimas semanas. Tras la reforma de la ley 7.722, que habilita a la actividad minera a la utilización de ciertas sustancias químicas muy contaminantes, 80 mil personas conformaron una masiva caravana de protesta que llegó hasta las puertas mismas de la casa de gobierno provincial. Casi al mismo tiempo, en otras oficinas mucho más silenciosas, algunos de los principales dirigentes políticos mendocinos, del radicalismo y el peronismo, entraban -oh, casualidad- al negocio minero.

Ernesto Sanz es uno de los referentes del radicalismo de esa provincia, junto con Alfredo Cornejo y Julio Cobos. Mentor de la incorporación de la UCR a Cambiemos -de hecho, fue el precandidato presidencial en la interna y se proclama “fundador de Cambiemos” en su cuenta de Twitter-, figura como socio en una firma minera constituida solo dos semanas antes de la aprobación de la polémica reforma, no solo eso: hace solo unos días, Sanz participó del acto de inauguración del Instituto Argentino de Derecho para la Minería (IADEM), una agrupación de abogados defensores de los derechos de las mega minera.

El Boletín Oficial publicó el 5 de diciembre la constitución de la sociedad por acciones simplificadas Bergbau SAS. Como socios, figuran Marina Fernanda Meydac, Bernardo Alcanoni y Ernesto Ricardo Sanz. Inicia sus actividades con un capital social de 100 mil pesos y tiene como principal rubro de actividad la minería y los hidrocarburos. Pero en la incursión a la actividad minera del ex presidente del comité nacional de la UCR hay un detalle más. El nombre de Bernardo Alcanoni, quien ejerce la presidencia de la firma, remite a un brutal caso de la sección policial, digna de más de una contratapa. El 21 de enero del 2018, en un boliche de Punta del Este, Alcanoni golpeó salvajemente al joven cordobés Tomás Lacase, causándole al menos 23 fracturas en su rostro y cabeza, dejándolo al borde de la muerte y en un proceso de recuperación milagroso que llevó más de seis meses de internación. Este es el abogado y ex rugbier que, en medio de una protesta masiva por una ley que permitirá contaminar el agua mendocina, inscribió una empresa minera junto a Ernesto Sanz.

Pero no solo en el radicalismo los referentes políticos mendocinos aprovechan el “viento de cola” que ellos mismos le generan a la actividad minera, con consecuencias ambientales nefastas. El diputado nacional peronista, Omar Félix, constituyó en octubre junto a su hermano Emir, actual intendente de San Rafael, la firma Sierras del Nevado SA, para la explotación del cuarzo en Malargüe.

Los hermanos peronistas son los únicos socios de la empresa. Ambos pertenecen a la rama del peronismo mendocino que apoyó la reforma de la 7.722, la cual desató una impactante reacción social que luego fue reprimida por el gobierno provincial.