El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy emitió su Informe de Coyuntura correspondiente al mes de enero, el cual bucea el impacto de las condiciones climáticas desfavorables para la producción nacional (con la consecuente raducción de la capacidad de comercialización y recaudación) y la dinámica de las finanzas provinciales que experimenta una saludable evolución, respecto del año anterior.
Durante el período 2003/2011, con excepción del año 2009, nuestro país creció en promedio un 9% anual. Las proyecciones para el 2012 indican que se podría llegar a crecer hasta un 5%, lo que sigue siendo una buena meta dada las dificultades en el escenario mundial.
Al inicio de la campaña 2011/2012 se estimaba cosechar 29 millones de toneladas de maíz y 52 millones de toneladas de soja, actualmente según el informe del INTA, preparado para evaluar los efectos de la sequía sobre la producción pampeana, se calcula que será a lo sumo de 21 y 47 millones respectivamente. El daño provocado por la sequía es enorme y la lluvia de los últimos días no alcanza a revertir la situación. Desde el gobierno nacional se creó una comisión de emergencia y el fondo destinado a créditos y asistencia directa a productores hasta el momento asciende a $2.800 millones.
Para el fisco nacional el menor volumen de producción y de exportaciones junto a la caída interanual del precio de la soja en el mercado internacional, significa una disminución en los ingresos por derechos de exportación, lo que también repercutirá en el monto de ingresos que por dicho concepto reciben las provincias a través del Fondo Solidario.
Por su parte la Provincia de Jujuy presupuestó para el año 2012 un crecimiento muy importante de ingresos provenientes de la coparticipación federal de impuestos, automática y diaria para hacer frente al gasto corriente. Lo sucedido en el mes de enero de 2012 presenta una evolución en los recursos superior en un 33% respecto de igual mes del año pasado, atento a que las remesas diarias y automáticas ascendieron a $340 millones, en tanto que en el año 2011 fueron de $256 millones. Teniendo en cuenta que en el presupuesto 2012 se calculó un incremento anual promedio del orden del 48%, la diferencia del 15% en si misma configura un dato relevante para seguir la ejecución presupuestaria.
La otra cara en materia de ingresos públicos consiste en la firma de convenios con Nación para el financiamiento de obras de infraestructura vinculadas a la producción agropecuaria. Se trata de $216 millones que tendrán como destino las obras hídricas en el dique Los Molinos y los canales del río Grande e Intervalles. Ligar la inversión pública en infraestructura relacionándola a mejorar las condiciones para aumentar la producción de bienes, es al mismo tiempo la manera más adecuada de avanzar en la modificación de la estructura ocupacional de la fuerza de trabajo, que aún en una gran proporción no es creadora de valor y permanece relacionada a los recursos que se destinan a los subsidios por desocupación. Este tipo de inversión necesariamente debe ser acompañada por una política de gran incentivo a la creación y fomento de pequeñas y medianas empresas industriales manufactureras, que multipliquen también la generación de trabajo genuino.
En estos días se volvió a tratar públicamente el tema de la explotación del litio en Jujuy y lo más significativo es que desde áreas oficiales se reafirma el objetivo de localizar su máxima industrialización en nuestro territorio provincial.
ujuy sumó su reclamo
por plena producción
de gas y de petróleo
El gobernador Eduardo Fellner suscribió una declaración de la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) que reclamó la concreción de un mayor nivel de inversión a las empresas petroleras para acompañar el crecimiento de la economía nacional.
La entidad, que nuclea a diez provincias productoras de gas y petróleo, advirtió también que éstas se vieron “fuertemente afectadas por la caída manifiesta de producción e inversión insuficiente de las empresas del sector”, lo que impactó de manera “directa e indirectamente en la generación de riqueza y el bienestar de cada uno de los habitantes de nuestras comunidades”.
La OFEPHI es presidida por el gobenador de Chubut, Martín Buzzi, y a la firma del gobernador Fellner se suman las de los gobernadores de Formosa, Gildo Insfran de la Pampa, Oscar Jorge;de Mendoza, Francisco Pérez; e Neuquén, Jorge Sapag; Aberto Weretilneck, de Río Negro; Jun Manuel Urtubey por Salta; Danel Peralta por Santa Cruz, y Fabiana Ríos por Tierra del Fuego.
La declaración de las provincias deja asentada su “plena coincidencia con la vigencia de una Política de Estado para el sector que alcance el autoabastecimiento y la máxima producción”, lo cual sería la respuesta a la crisis que desde hace tiempo se ha instaldo en el país y que cada vez repercute con mayor agudeza en nuestra provincia.
Esa línea de acción “exigirá una actitud de reciprocidad de esfuerzos entre el Estado, la fuerza del trabajo y las empresas a fin de satisfacer la demanda actual y potencial en materia de recursos energéticos, vital para la continuidad del proceso de desarrollo sustentable que beneficia al conjunto de la Nación Argentina”, se lee en el texto.
Simultáneamente a que daba a conocer la declaración, la entidad acordaba con el Ministerio de Planificación “trabajar para poner a pleno la producción de gas y petróleo en la Argentina”.
LOS COMBUSTIBLES
Y LA PAZ SOCIAL
La Organización denuncia que “esta baja de los niveles de inversión, que no se corresponde con la dinámica del mercado nacional y/o internacional de estos productos, provoca un impacto negativo sobre las economías domésticas, generando tensión social, desvirtuando entonces la esencia misma del contrato económico y social entre el Estado, las fuerzas del trabajo y estas firmas para la exploración y explotación del recurso”.
Más adelante, tras manifestar su respeto a la “seguridad jurídica que debe regir como resguardo a la inversión”, la OFEPHI dice que de parte de la totalidad de los actores “deberá existir el pleno compromiso a fin de lograr la máxima producción en el corto plazo, respetando estándares de máximo control ambiental, para resguardar nuestros yacimientos” y en tal sentido sentencia que “las provincias productoras seremos severos fiscales del fiel cumplimiento de la legislación vigente para lograr el máximo de producción y autoabastecimiento”.
Los firmantes recordaron que “el Estado Nacional y las provincias productoras han contemplado los efectos de la crisis post devaluación aportando soluciones y cada uno de los habitantes de nuestro país han contribuido solidariamente a la recuperación de cada uno de los sectores productivos”, a la vez que plantean que “es una condición necesaria que las empresas visualicen los esfuerzos realizados por el Estado en su conjunto y la sociedad en general, respondiendo con un cambio en su política y resguardando el interés común por sobre el exclusivo beneficio económico financiero de sus compañías”.
En el documento se asegura que las provincias productoras de hidrocarburos y el Gobierno nacional “hemos decidido poner en práctica todas aquellas medidas que permitan tener plena exploración y desarrollo de los yacimientos en la totalidad de las cuencas, que incrementen el horizonte de reservas y aumenten la producción de petróleo y gas en todas sus formas, tanto por la vía convencional como no convencional, haciendo cumplir la normativa ambiental en cada jurisdicción exigiendo racionalidad en el desarrollo de los yacimientos”.
En ese plano es que entonces los diez Gobernadores proponen la firma de “un pacto federal” entre las provincias productoras, los trabajadores y el Estado nacional, tendiente a alcanzar los objetivos fijados en la declaración, aunque no dejan de puntualizar que “los concesionarios, tal lo establecido por la legislación vigente, tienen la obligación ineludible de aportar solvencia financiera y capacidad técnica adecuada para ejecutar las tareas encomendadas de máxima producción, autoabastecimiento y sustentabilidad en el desarrollo de los yacimientos”.
Un último párrafo está dedicado a reclamar a las empresas operadoras “mayor inversión en exploración, incrementar la inversión dirigida a un aumento productivo, sosteniendo la actividad de servicios y el empleo, con el objeto de mantener la paz social”, finaliza el documento de la OFEPHI.
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