Sólo en el Gran Mendoza, en la zona urbana, existen 140 hectáreas de terrenos fiscales (es decir del Estado provincial) sin uso. A esto se suman unos 90 mil lotes baldíos en manos privadas en toda la provincia.

Si bien a los particulares sólo se les puede exigir que realicen el cierre perimetral por razones de salubridad y seguridad, el gobernador electo, Francisco Pérez, ha incluido dentro de sus anuncios, la propuesta de destinar las tierras estatales para construir viviendas.

El director de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (Doadu), Vicente Abate, detalló que en el Gran Mendoza tienen registradas alrededor de 140 hectáreas que son propiedad del Estado provincial -esta cifra no incluye lotes nacionales ni municipales- y que se encuentran en las áreas urbanas.

Esto significa que, presumiblemente, cuentan con servicios básicos como agua, luz, gas y cloacas. De ellas, unas 80 hectáreas se localizan en Guaymallén, otras 20 en Las Heras, mientras Luján y Maipú tienen aproximadamente 4 hectáreas cada uno, y Godoy Cruz y Capital casi no cuentan con este tipo de baldíos.

Sin embargo, Abate subrayó que en este relevamiento no están contabilizados los espacios en zonas rurales o del secano, que pueden tener tendidos de servicios relativamente cerca.

Asimismo, resaltó que si bien en el listado de la Doadu estos lotes están registrados como ociosos, se deberá estudiar los títulos de cada uno de ellos porque algunos pueden estar pedidos para un uso específico, como equipamiento de salud o educativo.

Por otra parte, Abate indicó que una vez que se definan cuáles son los sitios efectivamente disponibles, se deberán analizar otras cuestiones antes de destinarlos a vivienda. Por ejemplo, si el lote está en un área definida por el municipio como residencial o si se encuentra en un sector donde efectivamente hay una importante demanda habitacional.

En su discurso de asunción, Francisco Pérez anunció el viernes pasado que trabajará con los intendentes en la creación de fideicomisos para adquirir lotes. Y señaló que existen tierras fiscales sin ocupar que son de todos los mendocinos, mientras miles de personas no tienen un terreno, con lo que así se simplificaría llegar a la vivienda propia.

Déficit de viviendas

El censo 2010 arrojó que en la provincia hay 35 mil hogares más que viviendas, lo que significa que, en estos casos, más de un grupo familiar comparte una misma casa. Asimismo, unas 12 mil familias residen en ranchos, casillas, locales no construidos para habitación, piezas en inquilinato o piezas en pensión u hotel, que vendrían a engrosar la demanda habitacional.

Esto significa que hay casi 48 mil hogares o familias que no tienen una vivienda en condiciones o que deben compartirla. Por otra parte, quedan fuera de esta medición los que alquilan pero elegirían acceder a la casa propia.

La necesidad de viviendas se hizo aún más evidente con la sucesión de tomas de terrenos que se produjo desde fines del año pasado hasta mediados de 2011.

En la mayoría de los casos se trataba de parejas jóvenes con hijos, que seguían viviendo en la casa de los padres, a veces con otros hermanos y sus familias, en condiciones de hacinamiento. Casi todos manifestaban que podían pagar una cuota, pero no reunir el monto necesario para adquirir un lote.

Baldíos urbanos

A los terrenos que están en manos del Estado local se suman los que son propiedad privada, que ascienden a casi 90 mil parcelas sin edificar en toda la provincia, de las que un 53% se encuentra en el Gran Mendoza.

El director de Catastro, Juan Carlos Varela, explicó que los propietarios que no concretan el cierre del baldío -para evitar que terceros lo ocupen o arrojen basura y escombros- deben pagar un 400% más que cuando el lote tiene un cierre perimetral.

Esta cantidad de terrenos baldíos aún no incluye los datos de 2011 y el funcionario indicó que es posible que en algunos casos haya construcciones no declaradas.

Los municipios también suelen promover el cierre de estos terrenos a través de tasas diferenciales, notificaciones y multas. Alberto Di Blasi, subsecretario de Servicios Públicos de Maipú -el cuarto departamento en cantidad de lotes baldíos privados, después de San Rafael, Luján y Guaymallén- detalló que se notifica a los propietarios y se los intima a que coloquen un cierre.

Esto sucede en general a partir de la denuncia de un vecino por problemas de inseguridad o de higiene. Si no realizan la obra, se les incrementa en 30% la tasas por servicios y cuando el riesgo para el entorno es muy grande, el mismo municipio encara la obra y se carga el monto de los materiales y la mano de obra en el padrón.

Playas de estacionamiento

En la Ciudad es raro que un lote baldío permanezca como tal, sobre todo si está cerca del microcentro. Según un relevamiento que realizó la comuna capitalina, de los 331 mil metros cuadrados de terrenos sin edificar que se encuentran de Boulogne Sur Mer a Costanera, 259 mil están destinados a playas de estacionamiento.

Silvana Bragagnini, directora de Planificación Urbanística de Capital, planteó que las playas tienen un fuerte tributo municipal para desalentar su proliferación, en particular en la tercera sección, donde abundan los pedidos, ya que requieren una muy baja inversión inicial que se recupera rápidamente.

La decisión de la comuna se fundamenta en que constituyen un vacío urbano -por la noche y durante los fines de semana están deshabitadas- y porque prefieren alejarlas del microcentro para reducir el colapso vehicular.

Bragagnini señaló que en 2009 (hubo una última actualización en abril de este año) registraron todos los lotes sin ocupar, tanto públicos como privados, que se encuentran al este de Boulogne Sur Mer. Del total de 757 baldíos, 507 se ubican entre Costanera y Belgrano.