Los gobernadores De la Sota (Córdoba) y Scioli (Buenos Aires) enfrentan problemas similares. (Archivo / Los Andes)

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Complicaciones para cumplir con los pagos de salarios, aguinaldos en duda, retrasos en los pagos a los proveedores, recorte de subsidios y caída de los fondos de la coparticipación son algunos de los problemas que enfrentan en la actualidad la mayoría de las provincias.

Pero se están haciendo sentir con mayor intensidad en los tres principales distritos: las administraciones oficialistas de Buenos Aires y Córdoba, y Santa Fe, gobernada por el socialismo.

Algunos de los puntos son los mismos que enfrenta la administración nacional, que está inmersa en un plan de ajuste encubierto para disimular un creciente déficit fiscal.

Esto obliga a la Casa Rosada a recortar subsidios, transferir servicios a otras jurisdicciones, eliminar bonificaciones anuales a jubilados y empleados estatales, entre otras medidas. Claro que, a diferencia de las provincias, la Nación tiene a su disposición dos grandes "cajas" a las cuales puede echar mano para financiarse: el Banco Central y la Administración Nacional de la Seguridad Social.

En su informe semanal, la consultora Ecolatina sostuvo ayer que "las finanzas públicas de las provincias comenzaron a dar señales de alarma. Reformas tributarias y problemas para pagar salarios son los síntomas de un panorama fiscal delicado.

La moderación de la recaudación nacional y provincial es el principal foco de preocupación para los gobernadores, dado que 8 de cada 10 pesos que ingresan a sus arcas provienen de impuestos".

"Por las propias dificultades de la Nación es poco probable que las transferencias no automáticas a las provincias compensen la pérdida de dinamismo de la recaudación. En caso de no poder cerrar la brecha, deberán requerir asistencia adicional de la Nación, lo cual llevará a que se incrementen las tensiones entre los distintos niveles de Gobierno", concluyó.

El fantasma del Patacón

La palabra que más temen en la provincia de Buenos Aires es Patacón. El escape de los problemas fiscales mediante la emisión de cuasi monedas fue parte de una reciente conversación entre Daniel Scioli y el gobernador cordobés, José De la Sota, ambos con problemas similares. "No es una hipótesis que manejemos", aseguraron en la gobernación bonaerense.

Buenos Aires proyecta un déficit de 13.500 millones de pesos. El presupuesto 2012 preveía 6.500 millones. Se disparó otros 7.000 millones por el aumento promedio del 22% en los sueldos de sus 450 mil empleados, incluidos docentes y policías. Otro dato de la escasez: el Estado está en mora con sus proveedores, en la mayoría de los casos, desde noviembre de 2011.

La otra alternativa para la administración Scioli es contraer préstamos. Puede acceder en cuentagotas. Acaba de colocar 50 millones de dólares (ampliables a 200) a un año de plazo. Buenos Aires debe 60.000 millones de pesos. El 51,5% de las acreencias corresponden a la Nación. Y en ese plano, la dependencia por refinanciamiento es absoluta.

Por estas horas, Scioli define una reforma impositiva para proveerse de 2.685 millones de pesos por aumentos en el Inmobiliario Rural, Sellos e Ingresos Brutos. Y un permiso de la Legislatura para solicitar créditos por otros 2.400 millones.

El tratamiento parlamentario está en medio de una tormenta política. Si logra aprobación de las cámaras, los 2.685 millones de pesos le alcanzarán para el pago de apenas una quincena de sueldos. Una aspirina para la jaqueca de Scioli.

Cuentas que no cierran

Los expertos advierten que las cuentas en Córdoba no cierran. Pero el gobernador, José de la Sota, lo niega: el viernes, durante los actos por la Revolución de Mayo aseguró: "Las finanzas provinciales están fuertes y sólidas".

La emisión de letras, la toma de deuda por U$S 200 millones, el renovado reclamo por la deuda de $ 1.800 millones a la Nación por la Caja de Jubilaciones y el rumor cada vez más fuerte de la emisión de cuasimonedas son señales de que "Córdoba está desfinanciada", según coinciden economistas, intendentes y gremialistas.

El economista Jorge Ingaramo, ex investigador del Ieral de la Fundación Mediterránea y consultor del Banco Mundial, explica que "el Gobierno destina unos $ 1.500 millones mensuales a gastos corrientes mínimos y salarios. No está haciendo gran obra pública. La pregunta a corto plazo es ¿cómo va a afrontar el medio aguinaldo?".

Para Ingaramo "ser el primero en emitir cuasimonedas es problemático, teniendo en cuenta que De la Sota quiere ser presidente en 2015".

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Blanco, coincide en que "la situación fiscal de la provincia es muy frágil", y advierte que "la peor opción es la emisión de cuasimonedas, porque le bajaría los salarios a los trabajadores y abriría un frente que ahora tiene controlado".

Para el pago del aguinaldo a los empleados públicos son necesarios unos $ 400 millones que hoy Córdoba no tiene. El salvavidas sería el envío de los $ 343 millones que la presidenta Cristina Fernández le prometió en setiembre de 2011 al entonces gobernador Juan Schiaretti.

A endeudarse por tramos

El gobierno socialista de Santa Fe ya tiene la ley que lo autoriza a emitir deuda por $ 556 millones a través de letras o pagarés para cubrir gastos corrientes. Con la condición de que se cancele a fin de año. El gobierno de Antonio Bonfatti arrastra un déficit de caja de alrededor de $ 1.500 millones.

Mientras tanto, los esfuerzos ahora están dirigidos a obtener luz verde en la Legislatura para la reforma impositiva. La traba del partido gobernante es que en ambas cámaras (diputados y senadores) el peronismo tiene mayoría absoluta.

Fuentes del oficialismo dijeron que, en los próximos días, el gobernador decidirá asumir esta deuda por tramos. Es decir que irá utilizando las letras de acuerdo a las necesidades de la administración central. Así, Santa Fe evitaría emitir cuasimonedas para esquivar una crisis más profunda, reflejo de un contexto nacional cada vez con menos coparticipación federal.

Esta semana se debatirá en la Legislatura la reforma impositiva. Entre los puntos principales, el proyecto prevé que paguen más los grandes propietarios rurales, tras elevar el valor fiscal de los campos, teniendo en cuenta que el último avalúo fiscal fue en 1974. Estos pagos, en cuotas, comenzarían en 2013.

En el caso de los campos con una extensión que no supere las 50 hectáreas, el incremento en el impuesto inmobiliario rural no superará el 50%. Entre 51 y 600 hectáreas, el aumento sería de entre el 100 y el 300%. Y entre las 600 y las 37.500 hectáreas, los incrementos van del 450 al 600%, siempre dependiendo del valor y la ubicación geográfica de la tierra.

En cuanto al inmobiliario urbano, sufrirá incrementos de hasta un 120 por ciento en propiedades residenciales e irá disminuyendo de acuerdo a la categoría de la vivienda.

El gobierno aspira a obtener $ 1.000 millones más para oxigenar la asfixia por la que atraviesa. Por otro lado, Bonfatti habría acordado completar un crédito kuwaití por 100 millones de dólares tramitado en gobiernos anteriores.

El gobernador admitió ayer en declaraciones a radio Dos de Rosario la posibilidad de emitir bonos para afrontar la situación financiera: "Cualquier alternativa es válida cuando tienen que funcionar los hospitales y abrir las escuelas", afirmó. "No se descarta nada", reafirmó y destacó que Santa Fe "es la mejor provincia calificada por el Banco Mundial para tomar deuda".