Más allá de las declamaciones públicas, de la negación hasta el hartazgo de la crisis energética, los usuarios empezarán a sentir en carne propia las consecuencias de las decisiones políticas que se escondieron durante estos años. Desde enero no subirán las tarifas y tampoco se quitarán los subsidios, como reza el discurso que el Gobierno ha decidido instalar. Lo que sucederá es que a las facturas de luz, agua y gas se les sumará un importe que irá directamente a las manos del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para pagar el déficit de un sistema de servicios públicos que después de 10 años de ser negado crujió por falta de recursos.

No es verdad que la Argentina transitó estos años de crecimiento económico sin crisis energética. Lo que sucedió es que siempre se la escondió. El kirchnerismo optó por agredir a quienes se atrevían a esbozar una crítica a la política energética y por callar las voces que advertían sobre la falta de planificación en un área sensible para la economía.

Toda esa falta de planificación a largo plazo se tapó con dinero. Lo que empezó siendo un esquema de emergencia cuando la Argentina transitó por una verdadera crisis social a inicios de la década de 2000 terminó siendo un vicio estructural de un sistema ineficiente y caro.

Fueron 10 años en los que la energía ya no fue para todos. No es posible que los que quieran estar frescos en verano puedan hacerlo mientras la industria produce. Tampoco en invierno: al calor de los hogares se le contraponen los hornos industriales fríos. Todo se tapó con un descomunal cheque con el que se compraba la energía importada a cualquier precio. Por caso, en 2004, primer año completo del gobierno de Néstor Kirchner, el dinero que se necesitó para cubrir la brecha entre lo que salía la energía y lo que pagaban los usuarios fue de alrededor de 1000 millones de dólares. Para este año, las previsiones calculan que serán necesarios cerca de 10.000 millones.

Ahora el velo se corrió. El dinero para financiar un descomunal déficit se termina, o en su caso, desde la Casa Rosada prefieren darle otro fin.

Cada quince días, De Vido y el ministro de Economía, Amado Boudou, anuncian quiénes serán los nuevos aportantes al fondo que financia el déficit. Ayer, se sumaron otros grupos de empresas. Pero, además, se invirtió la carga. Los usuarios deberán demostrar que ellos no pueden pagar el cargo y será, como siempre, el Gobierno el que decida si les asiste razón o no.

Alta demanda

Las grandes empresas invirtieron, y mucho, para intentar tener la energía necesaria para producir en épocas de alta demanda. Pero nada alcanzó. Cuando el invierno apretaba, los industriales se acostumbraron a apagar sus hornos o a apagar la luz cuando el calor hacía de las suyas. Los usuarios residenciales, ni se enteraban, gracias, claro está, al silencio empresarial impuesto sobre el asunto.

Desde enero, las boletas serán distintas y hasta en algunos casos podrán quintuplicarse. La confusión reinará entre los consumidores.

¿Cómo podrá hacer un habitante de la ciudad de Buenos Aires para pagar menos agua en su departamento si ni siquiera tiene medidor que controle su consumo? Pues no podrá. Sucede que el Gobierno no esta subsidiando el agua, sino que está soportando el déficit operativo de una empresa estatal, Agua y Saneamientos (AySA), que tiene la concesión del servicio en la Capital Federal y en 17 partidos del conurbano bonaerense. Seguramente son pocos los usuarios que se preguntaron qué era de la vida de esa empresa que maneja el gremio sanitario. Mientras tanto, el agua fluía barata por las cañerías. Pues en lo que va del año ya necesitó 2245 millones de pesos para funcionar. Ahora aportarán a ese déficit los usuarios que De Vido y Boudou señalen con el dedo.

Algo similar ocurrirá con el gas y con la electricidad. En la Argentina no hay subsidios directos a los usuarios, sino que se impone de un impresionante déficit de un sistema que tiene que importar combustibles para abastecer a una demanda desmadrada.

La Argentina perdió el autoabastecimiento energético con el kirchnerismo y esta administración optó por la importación antes que el fomento de la producción local. Ya no se puede soportar el peso de este esquema tal como está. Nuevamente, los usuarios aportarán al desmanejo, que necesitará cerca de 41.000 millones de pesos para este año.

Tres conceptos

Los usuarios recibirán ahora una factura que estará compuesta por tres grandes conceptos: tarifa por el servicio, impuestos y cargo específico para soportar el déficit. La tarifa seguirá siendo baja y lo que sí subirá será este último ítem. Todo vendrá en la misma factura y nadie podrá negarse a aportar para que el Gobierno compre el gas a Bolivia (cinco veces más caro que el producido localmente) o el fueloil a Venezuela. La multa por no hacerlo es quedarse sin gas o sin electricidad. Se puso en marcha casi un impuesto directo atado al consumo de gas, agua o electricidad.

Ahora bien, ¿no podría pasar lo mismo con Aerolíneas Argentinas? ¿Qué diferencia existe entre AySA, que necesitó este año 2245 millones de pesos para funcionar, y Aerolíneas, que recibió 1949 millones? Pues ninguna en términos económicos; son dos empresas deficitarias que no pueden subsistir con lo que recaudan.

¿Podría cobrar el Gobierno un cargo tarifario en la compañía aérea para compensar este descalabro? Pues sí, podría hacerlo, sólo que la competencia dejaría a los aviones de Aerolíneas vacíos.

Con la luz, el gas y la electricidad es otro cantar: son monopolios naturales, no hay competencia y si alguien no paga, se queda sin servicio.

LA DEFENSA DE BOUDOU EN TWITTER

"En su momento fue necesario que el Estado ayude a todos. Por suerte, gracias al crecimiento, hay sectores que ya no necesitan subvención", escribió el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, en su cuenta de Twitter, tras el anuncio de la eliminación de los subsidios a los servicios públicos a usuarios que residen en tres zonas de la ciudad de Buenos Aires y en countries. "Para transparentar el sistema, será público y accesible a través de la Web: nadie que lo necesite perderá la ayuda que el Estado hoy le brinda", agregó el jefe del Palacio de Hacienda..