Mientras desde la Defensoría del Pueblo confirmaron que la ley de registro de deudores alimentarios está en plena vigencia e impide –entre otras cosas- a un padre que adeuda cuota alimentaria ser proveedor de Estado o candidato, aunque admitió que “los organismos que deberían aplicarla ni siquiera la consultan”.

Una madre que espera desde hace mucho tiempo una respuesta legal a su situación particular que generaliza el reclamo de decenas de madres y busca junto a un grupo de personas la modificación del registro de deudores alimentarios, Marisol Gonzales, dio su punto de vista de la actual aplicación de la ley: “Creamos un grupo que buscaba la creación de un registro de deudores alimentarios. Grande fue nuestra sorpresa cuando supimos que existía de una ley de registro. Investigamos y supimos que la ley necesitaba ser operativa, y tener algunas modificaciones”.

“La Defensoría del Pueblo es la que lleva el registro. Está legislado que las personas que no pasan los alimentos a sus hijos deben estar incluidos en él se registró y no pueden ser candidatos ni proveedores del Estado. Pero nadie pide que se cumpla, varios diputados nos dijeron que nadie les pido ese requisito, el libre deuda del registro de Deudores, en el IPV también me dijeron que no se pide nada”, indicó esta madre describiendo que “es una ley que duerme y no la conoce nadie, ni siquiera quienes la deben aplicar”.

“Mayor operatividad”

“Pensábamos que el ámbito en que debe manejarse esta ley es en la justicia, hoy lo maneja la Defensoría del Pueblo. Empezamos a investigar y vimos que en la ley está marcada una seria de restricciones para las personas que adeudan cuota alimentaria. Nadie pide que se concrete esta ley, nosotros pedíamos esas modificaciones, que resulten operativas y se concreten las sanciones de esta norma”, indicó Gonzales.

“En su momento, por las redes sociales, el diputado (UCR) Martín Hernández se hizo eco de nuestra situación y presentó un proyecto de modificación de la ley de la que estamos hablando. Pero es un proyecto que tampoco nos enterramos. El diputado (PJ) Agustín Samaniego tomó la posta, él nos cometo que se había pedido informes a todos los organismos que están implicado en la ley y el único organismo que respondió fue la Defensoría”, expresó.

Por su parte, consultado por Radio Uno, el Defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, deslindó la responsabilidad de su área en la aplicación de la ley: “La ley es operativa en este momento, la usa el Tribunal Electoral Permanente, el IPV y Fuerzas de Seguridad. Los interesados y los abogados no la usan. La ley no necesita ser modificada, sino cumplida”, indicó el funcionario.

Deudores registrados

“Hay casos en donde una pareja se separa y los alimentos se pasan en negro. Hay muchas madres que no lo conocen cuando van al Tribunal de Familia”, indicó.

“Tenemos registrados unos 120 deudores, es un numeró muy escaso para la jurisdicción de toda la provincia de Formosa”, sentenció Gialluca remarcando la “conflictividad de alimentos que existe en la provincia”.

“Si los abogados no hacen uso del registro y los jueces no informan al mismo, no se puede culpar al sistema. La ley está, funciona y es conocida”, sentenció.