El gabinete de Daniel Scioli está concentrado en un objetivo casi excluyente: llegar a fin de año pagando los sueldos y el medio aguinaldo que resta sin tener que pedir un auxilio financiero al gobierno nacional. Y para eso prepara una serie de acciones y medidas que, centralmente, apuntan a tomar más fondos -esto es, mediante un nuevo endeudamiento- en el mercado interno de capitales, restringir al máximo los gastos de funcionamiento de todas las áreas de gobierno, postergar la mayor cantidad de pagos posible y algún “retoque” fiscal.

En materia de financiamiento, el Ejecutivo provincial quedó entusiasmado con la “experiencia” de la semana pasada, cuando salió a ofrecer un bono por 50 millones de dólares en el mercado interno y se encontró con ofertas por más de 190 millones de dólares, a las que tomó en su totalidad.

El “éxito” de la colocación tiene, claro, su explicación. La administración Scioli propuso un título público que se actualizará según la evolución del valor del dólar, a sólo un año de plazo, y que rendirá el 9% anual de interés a pagar semestralmente.

Lo cierto es que con este endeudamiento el gobierno provincial obtuvo financiamiento por casi 900 millones de pesos, y aunque los especialistas advierten que la operación se cerró a una “tasa muy alta para tratarse de un bono dolarizado”, en el equipo sciolista consideran que fue “una operación más ventajosa para la Provincia que las que otorga el gobierno nacional” que, como se recordará, hace un par de semanas le prestó 600 millones de pesos, también a un año, y a una tasa del 17,5% anual.

Así, en la Gobernación ya analizan la posibilidad de colocar otro bono en el mercado interno antes de fin de año. La autorización de la Legislatura para este ejercicio ya se agotó: le había habilitado emitir títulos por esa vía por hasta 250 millones de dólares. Pero en el gabinete sciolista consideran que, existiendo en el Presupuesto de este año una autorización para emitir bonos hasta 1.000 millones de dólares en el mercado externo que no se puede utilizar por “razones prácticas” -los mercados internacionales están “cerrados” para el país, donde debería pagar tasas cercanas al 20% en dólares-, la Legislatura podría sancionar una nueva autorización para toma de deuda en el mercado interno.

De hecho, “transformar” ese permiso en otro para que el bono se pueda emitir en el país, iba a formar parte del frustrado proyecto de emergencia económica que Scioli iba a girar a la Legislatura.

En el plano fiscal, sólo está definido adónde se apuntará: al impuesto Inmobiliario que pagan las viviendas ubicadas en countries y clubes de campo.

Pero todavía no se resolvió cuál será el mecanismo de “retoque”, aunque los técnicos se inclinan por ahora por evitar hasta fin de año cambios en el gravamen y, en cambio, volcar masivamente en ese sector la capacidad de fiscalización de la Provincia para detectar construcciones o ampliaciones no declaradas, así como a los morosos, y aplicar en esos casos una dura política de intimación a regularizar las situaciones.

Concretamente, se ha “puesto la lupa” sobre las construcciones en los countries con una catarata de inspecciones que apuntan, por ahora, a detectar y luego trasladar al impuesto inmobiliario, los metros de construcciones no declaradas por los propietarios de viviendas de estos barrios exclusivos.

“Hay una serie de medidas de administración tributaria en estudio”, dicen en Arba que, trascendió, apuntan a profundizar la ofensiva sobre estos sectores.

Todas estas medidas se conjugan con otras como las políticas de ahorro y de achique de gastos que se impuso la gestión de Scioli con la mira puesta en no pasar sobresaltos en el pago de sueldos.

No son las únicas: también se ha resuelto postergar obras -la Provincia tenía presupuestados para este año unos 8 mil millones de pesos- y posponer el pago a proveedores.