señaló el martes pasado la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner durante la presentación del programa de créditos para jubilados denominado Argenta. Además destacó que Santa Fe "tampoco recibe ninguna transferencia para sus gastos corrientes".

En la misma semana las empresas constructoras que realizan obras públicas admitieron estar atravesando una delicada situación financiera porque no le pueden cobrar los certificados al Gobierno de la provincia de Santa Fe. Hubo despidos de obreros de la construcción en Rosario y en la capital provincial los trabajadores realizaron una ruidosa movilización frente a Casa de Gobierno para rechazar las cesantías ordenadas por la empresa que construye el nuevo Hospital Iturraspe, una obra conocida como Cemafe. Las promesas de pago que debió hacer el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, tranquilizó tenuemente el conflicto que amenaza estallar en cualquier momento.

Si la Provincia no paga, las empresas padecen problemas de caja para cumplir con sus obligaciones. En este escenario, las autoridades de la Cámara de la Construcción de Santa Fe informaron a los dirigentes de la UOCRA que no diferirán el pago del medio aguinaldo hasta fines de julio en lugar de hacerlo la próxima semana. “La mayoría de las empresas socias de la Cámara que trabajan en obras públicas probablemente no van a poder pagar los aguinaldos debido a los incumplimientos de la Provincia con el pago de los certificados de obra”, reconoció al Diario El Litoral el titular de la entidad, Adrián Dip.

Rápidamente el gremio notificó al Ministerio de Trabajo sobre esta situación y convocó a una reunión de delegados para el próximo lunes a las 10 con el objetivo de analizar la situación y definir los pasos a seguir. Es que además de no percibir el porcentual del sueldo anual complementario los obreros tampoco recibirían el aumento salarial del 24 por ciento acordado en el marco de las paritarias a nivel nacional. “Evaluaremos las medidas a tomar, pero seguro que marcharemos hacia un plan de lucha y medidas de fuerza”, anticipó Emanuel Araya, dirigente de UOCRA, en lo que constituye toda una demostración del malestar existente.

Se estima que aproximadamente cinco mil trabajadores se desempeñan en empresas adjudicatarias de obras públicas en la Provincia, por lo que en el gremio no sólo temen por la falta de cumplimiento en el pago de los salarios sino también por la propia estabilidad laboral.

Para salir al cruce de la deuda, el gobierno de Antonio Bonfatti logró que la Legislatura le autorice la emisión de letras por casi 560 millones de pesos. El Ministerio de Economía pretende pagar con cheques de pago diferido, pero las empresas no aceptan este instrumento y reclaman que se les reconozcan los intereses por las demoras.

“El lunes próximo iremos a la Casa de Gobierno sin audiencia para que nos atienda el Gobernador. Queremos definir esto desde el punto de vista político”, desafió Dip en declaraciones a El Litoral. Así prácticamente ya no quieren a Schneider como interlocutor porque no han logrado las respuestas que esperaban. Entre las empresas que esperan reunirse con Bonfatti figura Coemyc, que en Rafaela tiene cerca de 30 operarios construyendo la escuela del barrio Malvinas Argentinas y un sector del Instituto Superior del Profesorado.