El stock de deuda de la Administración General de la Provincia subió 12% el año pasado, la mayor suba en seis años. Sin embargo, en la Casa de las Tejas sobran las sonrisas en torno a este tema, debido a que el peso de las acreencias en relación a los ingresos totales ha disminuido notoriamente en los últimos ejercicios.

Así lo muestra la Cuenta de Inversión 2009 elevada por el Ministerio de Finanzas a la Legislatura, en la cual el gobierno admite compromisos por 7.693 millones de pesos e ingresos totales por 11.906 millones, lo que significa que si el gobierno eventualmente quisiera cancelarla por completo, necesitaría destinar ocho meses de ingresos para que la misma desaparezca.

Esta relación es sensiblemente inferior a lo que ocurría hace seis años. Según datos que aparecen reflejados en la Ejecución Presupuestaria del último ejercicio, en 2004 el stock de deuda era de 5.854 millones de pesos contra 3.789 millones de pesos de ingresos. En la práctica, esto quiere decir que un lustro atrás el Estado provincial necesitaba un año y medio de ingresos para cumplir con sus compromisos; es decir, diez meses más que ahora.

La razón de esta situación es, sencillamente, que los ingresos han crecido a una velocidad más rápida que la deuda. Nominalmente, desde 2004 hasta el año pasado, la deuda medida en pesos creció 31,4%. Los ingresos, en cambio, se triplicaron (214%) en el mismo período.

Se trata desde todo punto de vista de un dato esencial a la hora de comprender la dinámica de las deudas provinciales. Es que si bien es cierto que el crecimiento nominal de la deuda el año pasado fue, con amplitud, el mayor en seis años; no menos cierto es que el peso de la misma sobre los ingresos ha disminuido la mitad, dándole la razón al ministro Angel Elettore cuando en reiteradas oportunidades insistió en que la deuda es absolutamente manejable.

Sin embargo, no debe soslayarse que este cálculo que elabora el Estado está realizado en base a lo que debe únicamente la Administración General; es decir, sin tener en cuenta las acreencias de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (Acif) y la deuda flotante, que elevan el monto total adeudado el año pasado a 11.029 millones de pesos.