En Tandil los programas de niñez y adolescencia que dependen de la Provincia de Buenos Aires no reciben fondos desde principios de año. De esta manera, la situación de las organizaciones civiles se ha tornado crítica. La versión oficial habla de retrasos por cambios burocráticos en la administración bonaerense. Pero subyacería también una cuestión ideológica.
Las entidades consultadas coincidieron en señalar que los pagos de las becas con las que se financian los servicios que prestan están “muy retrasados”. En algunos casos, se pagó hasta el bimestre enero-febrero, pero en otros, directamente, no se han recibidos pagos correspondientes a 2012.
Algunas asociaciones han podido ir compensando esta falta de ingresos con fondos complementarios que tiene origen en otros programas dependientes de otras áreas o en el mismo Estado Municipal, pero en la mayoría de los casos el bache financiero causó verdaderos estragos en la prestación del servicio más allá de la voluntad del personal que lo llevado a cabo.
Casi medio año sin recursos es más que un contratiempo para las organizaciones que trabajan en la contención de menores, en muchos casos, en situaciones familiares y sociales de por sí muy difíciles. La voluntad de los profesionales y voluntarios de las organizaciones no alcanza y los “ajustes” impactan directamente en los niños y los jóvenes contenidos.
El argumento que llega desde la Provincia dice que el cambio del organigrama ejecutado a fin del año pasado obligó a rehacer los expedientes y que por esta misma razón se atrasan los pagos. Hasta el 2011, los programas dependían del Ministerio de Desarrollo Social, de una subsecretaría específica. Desde enero, fueron concentrados en una Dirección que ya no tiene vínculo con la cartera que conduce Martín Ferré. De hecho, los programas de Tandil que dependen aún del Ministerio (en el marco de la Unidad de Desarrollo Infantil) no tienen retrasos.
Pero, entre las organizaciones civiles empieza a rondar otra lectura que es más ideológica que administrativa. Miran con preocupación que se ponga tanto énfasis en los programas de seguridad y tan poco en los de prevención, como si el eje adoptado por la conducción sciolista para atender la demanda de seguridad se sustentara más en la represión que en la prevención.
Los que trabajan con adolescentes, sobre todo, insisten en que los casos se “profundizan”. No se registraría un incremento en la cantidad de casos que requieren de atención social y un abordaje multidisciplinario sino, más bien, un agravamiento de su naturaleza.
En este marco, el abandono del Estado provincial de su compromiso para con las organizaciones que vienen realizando lo que en realidad correspondería hacer al mismo Estado enciende una señal de alerta. Un retraso administrativo de medio año es más que un retraso. Pero si a eso se suma que el problema pone en jaque a quienes ya de por sí están un borde mínimo de contención familiar y social, la falta de pago es un riesgo cierto y de consecuencias irreparables.
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