Desde que el Frente de Todos tomó las riendas del Gobierno, el Poder Judicial está en la mira. No es ninguna novedad que, tanto el presidente Alberto Fernández como la vicepresidenta Cristina Fernández, son sumamente críticos sobre el desempeño de la Justicia a nivel nacional y juntos presionan para lograr una reforma integral del sistema. A esto, se suma la salida de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, quien, en palabras del propio jefe de Estado, “estaba agobiada”.

Sin embargo, en territorio bonaerense el Poder Judicial atraviesa uno de sus momentos más críticos. No por su funcionamiento per se (que también se encuentra duramente cuestionado por el oficialismo), sino por la enorme cantidad de vacantes que tiene sin ocupar desde hace más de un año. Es cierto que la pandemia puso en pausa muchísimos aspectos que hacen al funcionamiento diario de la sociedad (incluso los burocráticos), pero la demora en la cobertura de jueces se ha convertido en una verdadera preocupación.

Según precisó la Suprema Corte bonaerense a partir de un relevamiento realizado a mediados de 2020, son 228 las vacantes en la Justicia provincial, de las cuales 206 se abrieron a partir de la presentación de renuncias (muchas de ellas para acogerse a fines jubilatorios) y fallecimientos; 12 por licencias médicas prolongadas (con alta probabilidad de que deriven en el cese de las funciones de los magistrados); 5 por pedidos de licencia; y otros 5 por suspensiones y apartamientos preventivos en el marco de que se les siguen jurys de enjuiciamiento. 

Más allá de la pandemia, los motivos de la demora en la cobertura de estas vacantes son varios y, principalmente, políticos. Por un lado, el Frente de Todos designó a sus representantes por la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura recién en el mes de septiembre. Hasta entonces, no se pudo votar ninguna terna. Por el otro, la Suprema Corte -que oficia como presidente del cuerpo colegiado- tampoco hizo lo propio hasta mediados de diciembre de 2020. Es decir, 15 días antes de que finalice el año y comience el período de feria. Como si fuera poco, Eduardo De Lázzari, el elegido para el cargo, presentó su renuncia como juez de la Corte a partir del 1 de marzo. 

Pese a ello, el Consejo funcionó. Poco, pero lo hizo. Y votó algunas ternas, aunque pocas. No obstante, ni un solo pliego fue remitido por el Poder Ejecutivo al Senado provincial para su tratamiento. 

¿Por qué? Porque no recibirían el visto bueno de la Cámara alta, donde Juntos por el Cambio tiene mayoría. “En el Consejo de la Magistratura no hubo ninguna situación de acuerdo. Las ternas fueron votadas por mayoría con el voto de los miembros del oficialismo y de la corporación de abogados, y no llegó ni un solo pliego a la Cámara. Es la primera vez en la historia que un Gobernador no manda un pliego”, le dijo a La Tecla un senador de la oposición. Y añadió: “La falta está en el Ejecutivo, no en el Consejo. Se votaron 41 pliegos (enviados durante la gestión de María Eugenia Vidal) y no se puso en funcionamiento a ninguno. Estamos privando a la sociedad del servicio de Justicia. Es bravo el tema”. 

La oposición espera los pliegos para marcar diferencias en algunos nombramientos, y no votaría todos. Además, sin obtener aún los cargos que le corresponden, Juntos por el Cambio hará valer su mayoría en todos los temas.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Pocas ternas y una presidencia que duró dos meses

Durante 2020, el Consejo de la Magistratura votó 27 ternas para ocupar distintos juzgados de la Provincia. Las propuestas fueron elevadas al Poder Ejecutivo entre el 15 y el 29 de diciembre, es decir, luego de que Eduardo De Lázzari fuera designado presidente del cuerpo, en representación de la Suprema Corte. Ahora, sin De Lázzari (pidió la renuncia, que se hizo efectiva el 1 de marzo pasado), quien quedó nuevamente a cargo de la Presidencia es Mauro Benente, director de la Unidad de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia. Por ende, el máximo tribunal de Justicia bonaerense deberá designar un nuevo juez para que los represente y actúe como titular del cuerpo. “El nombramiento de la Presidencia depende enteramente de la Suprema Corte, que decide el nombre pero también los tiempos”, señalaron a La Tecla desde el Consejo.

GRIETA

De la “justicia adormecida” de Kicillof a la “impericia” de la oposición

A fines de 2020, un grupo de senadores de Juntos por el Cambio, integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara alta bonaerense, manifestaron su preocupación por lo que consideran "la pasividad del gobierno provincial con respecto a la cantidad de vacantes en el Poder Judicial". 

Al respecto, señalaron que "nos encontramos ante la cifra de vacantes más alta históricamente registrada, con más de 400 cargos por cubrir", y explicaron que "faltan jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas en toda la Provincia". Los legisladores de la oposición añadieron que "Kicillof promueve una Justicia adormecida. Su inacción impide y obstaculiza el normal funcionamiento de múltiples juzgados, cámaras, defensorías y fiscalías de toda la Provincia". 

En este contexto, apuntaron que “en todo lo que va del año (por 2020) el Poder Ejecutivo no remitió ni un solo pliego al Senado y lamentablemente ya nos encontramos fuera del período de sesiones ordinarias. Pero tampoco firmó los decretos de los 41 cargos que fueron aprobados por el Senado en el mes de septiembre”. Desde Casa de Gobierno confirmaron a este medio que el mandatario revisaría uno por uno los candidatos votados. Pero aún no lo hizo. Si no pasa por el filtro de Kicillof, ese cargo quedará vacante hasta tanto el o la postulante renuncie a su intención de ocuparlo. “Hubo muchas instancias en el medio para reverlo, pero, por una impericia total, se terminaron votando todos los pliegos”, señaló un legislador oficialista.

TRES PODERES EN JUEGO

El sinuoso camino para elegir jueces en la Provincia

La designación de jueces en la provincia de Buenos Aires es un largo proceso que involucra a los tres poderes del Estado. Primero, se debe generar una vacante, ya sea por renuncia, desplazamiento, fallecimiento o jubilación de un funcionario en actividad, o por la creación de nuevos cargos vía la Legislatura bonaerense. 

Una vez que eso sucede, el Consejo de la Magistratura tiene que llamar a concurso y dictar la fecha de evaluación. Los aspirantes deben sortear una prueba escrita y, en caso de desaprobarla, pueden pedir la revisión del examen. Una vez finalizada la etapa evaluatoria, se confecciona la lista de aprobados, a los que se les toma una entrevista personal. Luego, el Consejo pone a consideración la votación de la terna que, por lo general, incluye tres candidatos. Allí intervienen no sólo los representantes del Poder 

Ejecutivo y Legislativo, sino también del Judicial, que tiene consejeros magistrados y abogados. 

Esa terna, es elevada al Poder Ejecutivo, y entre el ministerio de Justicia y el Gobernador eligen un candidato o candidata; tras lo cual remiten su pliego al Senado, donde se da el visto bueno. Con este paso completado, el Gobernador firma el decreto de la designación y el nombramiento queda oficializado. En el medio del proceso, se sabe, tanto legisladores, intendentes, Colegios de Magistrados y de Abogados, y hasta unidades académicas, juegan sus intereses y hacen equilibrar la balanza para un lado u otro.