La medida responde a una profunda investigación iniciada por la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad, a partir de datos que surgieron hace dos años durante el desarrollo del primer juicio que se realizó en Mendoza por secuestros, torturas y asesinatos en el sur provincial entre 1976 y 1983.

De los 35 detenidos, no todos eran miembros de las fuerzas de seguridad. Según trascendió, hay varios civiles que respondían a la estructura de inteligencia, que tenía como objetivo la delación de las personas que luego fueron secuestradas.