Fuentes judiciales y policiales informaron que el procedimiento se desarrolló ayer cerca de las 13.30 en una casa ubicada en España 690 de Toay, donde reside la imputada. El mismo fue solicitado al juez de control por el fiscal Mauricio Piombi, quien lleva adelante la causa que inició en 2011. En ese domicilio se secuestraron dos computadoras personales, una notebook y una gran cantidad de documentación (cheques, boletos de compra venta, escrituras, etc). Los uniformados apresaron allí mismo a Gómez, y posteriormente la trasladaron a la Brigada, donde al cierre de esta edición continuaba detenida.

Denuncia.

La investigación se inició luego de la denuncia penal de un hombre que dijo haber sido estafado por la ahora detenida. Según declaró en la Ciudad Judicial, había contactado a Gómez para adquirir un terreno de Toay, y ella, en calidad de gestora, iba a realizar la transacción. El señó el inmueble y firmó un boleto de compraventa. Sin embargo, meses más tarde, la víctima se dio cuenta que el verdadero propietario de ese lote no lo tenía en venta, y que no conocía a Gómez.

En un primer momento los funcionarios judiciales consideraron que la denuncia debería ser tratada mediante la vía civil, pero al poco tiempo comenzaron a recibir más denuncias de compradores perjudicados por la misma maniobra. Por lo tanto el fiscal Piombi comenzó con la investigación.

La maniobra.

Siempre acorde a las fuentes consultadas, Gómez tiene un hermano que trabaja en la Municipalidad de Toay, y aparentemente él le habría entregado planos de los terrenos y la información respecto a los verdaderos propietarios. De esta manera, la supuesta estafadora realizó publicidad mediante clasificados de medios gráficos de Santa Rosa, e incluso habría colocado carteles de venta con su teléfono en esos lotes, valuados entre 20.000 y 50.000 pesos.

Una vez que era contactada por los compradores, se entrevistaba con ellos y les exhibía un documento falsificado para certificar que los terrenos le habían sido cedidos a ella. Luego les pedía una seña de dinero (siempre en efectivo) y acudía con ellos a un conocido estudio de abogados en donde supuestamente trabaja. Allí firmaban un boleto de compraventa y ella se comprometía a contactarse con ellos en el futuro para escriturar los terrenos en una escribanía. Sin embargo, nunca los llamó.

Trabajadores.

Por el momento son ocho los perjudicados que radicaron denuncia, pero los funcionarios judiciales sospechan que podría haber más. "En su mayoría son personas trabajadoras" dijo a LA ARENA el fiscal Piombi, y al mismo tiempo pidió a "quienes hayan sido estafados que se acerquen a la fiscalía a radicar la denuncia".