La contaminación se debe a un vuelco de material con el mineral en la traza del Cacique Guaymallén. Su caudal alimenta los establecimientos Alto Godoy y Benegas. Niegan peligro para la salud. Dudas y psicosis.
"No puedo asegurar que este elemento contaminante no haya entrado a la red, pero si lo hizo fue en una dosis ínfima y no debería generar ningún daño a la población. Una persona debería ingerir demasiada cantidad de esta agua en poco tiempo o tener una exposición a la misma por tiempo prolongado para que afecte a su salud", aclaró por la noche el interventor Gonzalo Dávila, quien aseguró que -"como medida preventiva"- el suministro se cortó apenas descubrieron esta grave situación.
La causa de la contaminación se debió al vuelco de material residual con mercurio en la traza del Cacique Guaymallén. Este cauce alimenta a los canales Civit y El Jarillal, los que a su vez sirven de agua cruda a las plantas Alto Godoy y Benegas, respectivamente. Por ello, fueron estos dos establecimientos los que dejaron de funcionar ayer. Como se trata de los principales centros de distribución del Gran Mendoza, la firma trató de abastecer las zonas afectadas con las plantas Luján I, Luján II y Potrerillos.
"Cuando se controlaron las reservas, se notó que había ingresado mercurio a los establecimientos. Entonces, procedimos a 'lavar' ese líquido con agua que proviene de otras plantas. Algunas reservas ya están en condiciones, pero vamos a esperar unas horas para restablecer el servicio hasta que todo esté en condiciones", aclaró Dávila, al cierre de esta edición.
El interventor señaló que la vuelta del suministro se realizará gradualmente y que en algunos sectores demorará más, porque "es posible que haya entrado aire en las cañerías".
La confirmación oficial de la grave situación recién llegó en horas de la noche. En la siesta, un breve comunicado de Obras Sanitarias sólo había dado cuenta de que podría "llegar a percibirse disminución en la presión" en ciertas zonas.
A estas alturas, ya había miles de usuarios sin una gota de agua en sus canillas. "Se hacen los misteriosos, pero nosotros no sabemos qué hacer. El teléfono de la empresa está saturado, nadie responde", se quejaba Blanca Monetti, una vecina de la Quinta Sección.
El silencio de la empresa y los organismos involucrados alimentó la psicosis social. Ya regía el rumor de la contaminación y la gente acudió en masa a comprar bidones de agua mineral, incluso llenando los baúles de sus vehículos.
Tanta fue la demanda que en hipermercados, como Jumbo, se impuso un límite de compra de sólo tres unidades por cliente. Largas colas se improvisaron en los comercios que aún conservaban el preciado líquido y los bares del centro se vieron impedidos de vender cafés y otras bebidas.
"Acá, en los almacenes del barrio se han agotado las botellas de agua mineral. Alguien nos tiene que informar. No sabemos si tenemos que limpiar los tanques de las casas. ¡Esto es grave!", expresó Jorge, del barrio Santa Lucía de Dorrego.
Al cierre de la edición, seguían reunidos en la sede de OSM las autoridades de la firma, del Departamento General de Irrigación, del EPAS y distintos ministros de la provincia; también el vice gobernador, Cristian Racconto, que está al frente del Gobierno por la gira de Celso Jaque por EEUU.
El secretario de Medio Ambiente, Guillermo Carmona, indicó que el Gobierno ha presentado a la fiscal de Delitos Complejos, Claudia Ríos, una denuncia penal por la contaminación de mercurio en el agua. Además, "hemos adoptado medidas de investigación aguas arriba de las plantas", dijo el funcionario y agregó que "el Gobierno aportará todos los elementos que sean necesarios para la investigación".
Desde el Ejecutivo dicen que aún no hay indicios para asegurar que la contaminación haya sido intencional. Si bien por la noche creció el rumor de que una empresa productora de lavandina y soda cáustica en Luján de Cuyo habría sido la responsable por verter sus desechos industriales en el Cacique Guaymallén, los funcionarios no confirmaron el dato.
Llama la atención que ninguna autoridad de Irrigación saliera a dar explicaciones, siendo que es este organismo el que tiene poder de policía sobre el agua cruda. Anoche, gente del EPAS y de OSM se hallaba en la oficina de la fiscal dando declaraciones.
Desde allí, se indicó que la carátula no es de delito, sino que primero se averiguará el hecho y adelantaron que la denuncia apunta a una empresa. La ley en estos casos prevé, como delito culposo, a la negligencia.

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