Los investigadores capitalinos regresaron el jueves a Sumampa para continuar con el relevamiento, ocasión en la que recorrieron la zona sur del departamento Quebrachos, donde habrían detectado más trabajos en propiedades privadas y establecimientos rurales, donde personal vial de Sumampa habría construido represas, canales y caminos.

Personal a cargo de la investigación se trasladó hasta la zona limítrofe con la provincia de Córdoba, donde se solicitó permiso a los dueños de los campos para establecer la veracidad de las denuncias.

Las inspecciones oculares se habrían iniciado en un campo ubicado en el paraje Puerta del Chiquero, donde personal de la Zona Vial Nº 9 habría estado construyendo una represa en un campo privado.

Trascendió que los empleados viales se habrían ocupado de trasladar un tractor y una pala mecánica que se encontraban en esa propiedad, a pedido de las nuevas autoridades, que se hicieron cargo de la delegación recientemente. En ese campo, los investigadores habrían establecido la avanzada construcción de una represa.

Fuentes informaron que se trasladaron hasta campos privados a la vera de la ruta provincial Nº 15, en el límite con la provincia de Córdoba, donde se habrían construido represas y caminos. Los campos privados serían de un carnicero, un veterinario, una productora rural y una empresa de las zonas de Taco Pozo, Campo del Cisne y Corral del Rey, departamento Quebrachos.

La investigación no sólo se basa en la constatación de obras privadas que se realizaron con personal y maquinaria del Estado, sino también si a cambio recibieron dinero en efectivo o animales.

Los investigadores tratarán, además, de establecer si personal de ese organismo cumplió su horario de trabajo en un emprendimiento privado de Sumampa y si se cambiaron vales de combustible por artículos en una ferretería de la zona, señalaron los voceros vinculados a la causa administrativa.

En este sentido, los voceros señalaron que se trata de develar si los particulares abonaron con dinero o ganado las obras concretadas, que no estarían asentadas en documentación ni habrían sido encomendadas por autoridades provinciales.