Un nuevo escándalo golpeó ayer a la Cámara de Diputados al conocerse que al menos 12 ex empleados (funcionarios, agentes de la planta política y becados) continuaban cobrando sus haberes durante este año cuando en realidad habían finalizado su relación de dependencia en diciembre del año pasado. Por la situación, se ordenó iniciar un sumario en el área de Liquidación de Haberes que depende de la Dirección de Personal.

La polémica se generó cuando tomó trascendencia pública -a través de Radio Ancasti- un dictamen del asesor legal de la Cámara, Edgardo Mazza, quien advertía el cobro irregular de sueldos. La resolución puso bajo la lupa al jefe de Personal, Carlos Moreno. El asesor sugiere que Moreno, en su calidad de funcionario público, podría haber realizado la denuncia en la Justicia por considerar que estaría frente a un ilícito.

Sin embargo, el presidente de la Cámara baja, Luis Barrionuevo, salvó al funcionario del área que controla el personal al señalar que conoció la irregularidad a partir de una nota y un informe que le elevó Moreno. A partir de allí ordenó el envío del expediente a Asesoría Legal, área que solicita el inicio del sumario.

De igual modo, Barrionuevo sostuvo que no correspondía que el jefe de área efectúe una denuncia ante la Justicia, porque la investigación todavía no determinó si se trata de irregularidades o de algún error humano o informático en la liquidación de haberes.

"Estamos tranquilos", dijo Barrionuevo al indicar que la pesquisa se había iniciado dos meses atrás y estimó que el perjuicio económico no supera los $ 30 mil.

También, funcionarios del área administrativa de la Cámara baja aclararon que, en algunos casos, las bajas administrativas se produjeron con posterioridad a la finalización de la relación contractual. En esos casos, los haberes que se habían pagado en más se descontaron en la liquidación final. Y en otros, los mismos empleados que fueron notificados de la anormalidad, se presentan todos los meses para devolver el dinero que no les correspondía percibir.